Los jueces logroñeses además de apoyar el documento en el que se solicita que se atiendan sus reivindicaciones manifestadas el pasado 16 de junio, acuerdan la "fijación de un calendario concreto de cumplimiento de las propuestas".

En el comunicado, los jueces asociados manifiestan la "frustración generalizada" de la carrera judicial "por la situación de la Justicia, que nos ha llevado, tanto colectivamente, a través de las Asociaciones, Juntas de Jueces reuniones formales de Tribunales Colegiados, como individualmente, a expresar de forma pública nuestro descontento y a facilitar al Ministerio, al CGPJ y a los Grupos Parlamentarios, un listado de propuestas de mejora tendentes a lograr un servicio público, ágil, eficaz y de calidad".

Unas reivindicaciones "profesionales y de servicio público que permitan el desarrollo de nuestra labor en condiciones dignas, al que expresamente nos remitimos en esta ocasión".

Las 14 reivindicaciones de los jueces se agrupan en tres ámbitos:

Reforzar la independencia Judicial: Consejo General del Poder Judicial.

Modernización de la Administración de la Justicia: Calidad y Eficacia.

Condiciones Profesionales.

REFORMA EN PROFUNDIDAD DEL CGPJ

Además, reclaman una reforma en profundidad del CGPJ y proponen un sistema de lección de los vocales de procedencia judicial por los propios jueces, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías así como a un funcionamiento colegiado y no presidencialista. También reclaman del órgano de gobierno de Jueces y Magistrados un amparo efectivo a la carrera judicial frente a cualquier ataque que afecte su independencia.

En cuanto a los nombramientos de cargos judiciales, exigen más transparencia y criterios objetivos basados en el mérito y la capacidad, así como igualdad de género; limitación de mandatos y supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Según señalan en el comunicado, el sistema actual de nombramientos de la cúpula judicial, cuyas resoluciones habrán de ser acatadas por el resto de los integrantes del Poder Judicial, "incide directamente en dicha independencia y, por tanto, puede menoscabar los cimientos mismos del Estado de Derecho".

Añaden que "es por ello que consideramos que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación adoptar las medidas que sean necesarias para lograr que se restablezca la independencia del Poder Judicial".

Respecto a la Administración de Justicia piden el incremento de plazas judiciales para que España se equipare a la media de jueces de los países de nuestro entorno y un compromiso decidido por la digitalización y modernización de la planta y los edificios judiciales.

También reivindican mejoras salariales, recuperar el anterior régimen de vacaciones y permisos así como la implantación de unas cargas máximas de trabajo.

Manifiestan que hasta ahora ni el CGPJ ni el Ministerio han dado paso alguno, a pesar de que las reivindicaciones son históricas. Y aunque, señalan, que "la experiencia nos enseña a ser escépticos, no queremos dejar pasar la oportunidad -la apertura del Año Judicial 2017-2018 en el Tribunal Supremo el pasado 5 de septiembre- para reiterar nuestra denuncia, en la confianza de que, esta vez sí se nos escuche y las promesas sean realidad".

Finalizan el documento asegurando que "la carrera está unida en los objetivos. En caso de que dichas promesas se incumplan, utilizaremos el esfuerzo necesario y todos los medios a nuestro alcance para conseguir lo que entendemos beneficioso para toda la sociedad".