La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acaba de zanjar el enfrentamiento que en los últimos días ha mantenido con el Govern a causa de su decisión de no colaborar con el referéndum independentista y no ceder locales municipales para la consulta.

Según ha desvelado la propia regidora a través de su cuenta de Twitter, "cumplirá con su compromiso" y "en Barcelona se podrá participar en el 1 de Octubre", ha escrito la primera edil de la ciudad.

Eso sí, Colau ha insistido en que la apertura de espacios públicos o la habilitación de mesas electorales "no pondrá en riesgo ni a la institución ni a los servidores públicos".

La decisión de la alcaldesa llega tan solo 24 horas después de conocerse la determinación de la Fiscalía General del Estado de investigar a todos los alcaldes prorreferéndum y llamarlos a declarar. Es más, el fiscal general ha dado orden de detenerlos si no comparecen.

La presidenta del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, ha recordado a Ada Colau que saltarse la ley tiene consecuencias graves y ha criticado su "ambigüedad", ante la posibilidad de que permita la celebración del referéndum del 1-O en Barcelona, y le ha reprochado que apoye a los 712 alcaldes citados por la fiscalía.

"Quien degrada la democracia es quien, como alcalde, pretende dar un golpe, incumpliendo las leyes y hurtando los derechos de los ciudadanos", ha afirmado, como respuesta al tuit de Ada Colau.

Mejías considera que Colau busca la manera de colaborar con "la aventura rupturista de Puigdemont y Junqueras, incitando a los alcaldes a cometer ilegalidades".

"No podrá esconder ni mantener su indefinición durante más tiempo", ha añadido la edil, que ha acusado a Colau estar parapetada en su cargo porque es lo que quiere.

Además, ha pedido al PSC que "sean firmes para mantener el Ayuntamiento al lado de la ley y la democracia" y ha exigido a la alcaldesa que deje de esconder el informe jurídico del letrado consistorial sobre la convocatoria del 1-O.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha negado que el Consistorio haya alcanzado un acuerdo con el Govern. "Si ha habido acuerdo" para el 1 de octubre ha sido entre partidos "favorables a una movilización" y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no facilitará "ni locales ni medios" para la votación, ha matizado.

El dirigente del PSC ha defendido que lo comunicado por Colau "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido", y ha defendido que el consistorio barcelonés no incumplirá la legalidad y hará caso el informe del secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado este jueves que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.

En un informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.

El informe del secretario no tiene carácter preceptivo y fuentes municipales han indicado que el gobierno municipal "mantiene las conversaciones con el Govern para facilitar la movilización del 1-O".

La alcaldesa de Barcelona solicitó el pasado 7 de diciembre a la secretaría del Ayuntamiento que comprobara la disponibilidad de los locales utilizados habitualmente como centros de votación, de cara a atender al requerimiento que le hicieron el presidente y el vicepresidente del Govern para que los pusiera a disposición de la Generalitat en el referéndum del 1 de octubre.

También pedía que se emitiera un informe sobre los riesgos jurídicos para la institución y para el personal de la misma derivados de su eventual participación en el referéndum, según explica el informe del secretario.

En las conclusiones, el secretario general subraya que la puesta a disposición de la Generalitat de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación supondría incumplir un mandato "expreso, claro y taxativo" del Tribunal Constitucional, en el que se advierte de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal", en que podrían incurrir todos los poderes públicos en el caso de no atender a su requerimiento.

También recuerda que este mandato del TC es el de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, ningún acuerdo o actuación que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña".

"La alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional, de abstenerse a realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la puesta a disposición de locales para la votación", concluye el secretario municipal.

Además, informa de que "el incumplimiento de esta obligación puede comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidades de todo orden, sea por parte del propio tribunal" o "de carácter administrativo, disciplinario, contable, e incluso penal".

Respecto a las responsabilidades penales, el secretario general del Ayuntamiento cita en su informe el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 7 de septiembre en el que imparte instrucciones para que las Fiscalías catalanas investiguen las actuaciones "dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos"