Una segunda fase de la operación 'Guateque', dirigida por el juez Santiago Torres contra una supuesta red de tráfico de licencias ilegales destapada en el Ayuntamiento de Madrid, investigará a los empresarios que pagaron a los funcionarios de las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente por acelerar los trámites para obtener una 'licencia express' para sus negocios.
El delito de cohecho del que se acusa a la mayoría de los empleados públicos imputados ya en el procedimiento se extendería así a los empresarios que dieron una cantidad de dinero, que oscila entre los 8.000 euros y los 20.000 euros, a cambio de agilizar el procedimiento para tener sus licencias preceptivas en apenas unos días.
El juez se encuentra ahora desarrollando la primera fase de la instrucción, que se limita a los funcionarios del Consistorio madrileño implicados en la supuesta trama de corrupción y a varias personas ajenas al Ayuntamiento dedicadas a la gestión de licencias.
La Guardia Civil se encuentra analizando los casi doscientos expedientes de tramitación de licencias que constan en la causa, con el fin de dilucidar qué empresarios ofrecieron comisiones para recibir un trato de favor por parte de los supuestos funcionarios posibles, según fuentes consultadas.
Aparte de los nombres que salgan del análisis de estos documentos, las denuncias presentadas por particulares ante el Juzgado número 32 y las que incluye el escrito de personación del sindicato de funcionarios Manos Limpias, que se presentará este viernes para ejercer la acusación popular, aumentarán de manera considerable el número de empresarios imputados en el procedimiento.
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