El TSJC rechaza investigar a Forcadell por malversación

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (izq), junto a miembros de la Mesa de JxSí.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (izq), junto a miembros de la Mesa de JxSí.
EUROPA PRESS
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (izq), junto a miembros de la Mesa de JxSí.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado la petición de la Fiscalía de investigar por la aprobación de la Ley del Referéndum a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a cuatro miembros de la Mesa por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación pero ha rechazado incluir el de malversación de fondos públicos.

En un auto de este martes, tras admitir el viernes la querella que la Fiscalía Superior presentó, la Sala Civil y Penal del TSJC se limita a incoar diligencias previas contra los querellados por, al menos, un delito de desobediencia y otro de prevaricación.

El TSJC ha decidido también acumular esta investigación a la ya tiene abierta la magistrada Maria Eugènia Alegret contra Forcadell y varios miembros de la Mesa por haber permitido en octubre del año pasado el debate y votación de varias iniciativas soberanistas en la Cámara.

En su querella de la semana pasada, la Fiscalía entendía que debía investigarse a Forcadell y a los miembros de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simnó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet por malversación al poner en marcha "un procedimiento que necesariamente implica un gasto público", pero el TSJC ha rechazado incluir este supuesto delito.

El Ministerio Fiscal considera que estos cargos eran "plenamente conscientes" de que con su voto favorable a la admisión a trámite de la proposición de Ley del Referéndum y la proposición de Ley de Transitoriedad Jurídica y la orden de su publicación —en contra de lo manifestado por el secretario general del Parlament— estaban desobedeciendo al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Superior de Cataluña sí ve indicios de que los miembros del Govern pudieron incurrir en un delito de malversación, que lleva aparejado penas de cárcel, dado que los decretos por los que se convocó el referéndum "suponen a la vez el inicio de un procedimiento que va incidir en el ámbito del gasto público", con varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y consultas.

El Constitucional, que suspendió la Ley del Referéndum la semana pasada, ha hecho lo mismo este martes con la Ley de Transitoriedad.

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