El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga espera llegar un acuerdo para desarrollar el proyecto urbanístico en Sánchez Blanca, una parcela situada entre los polígonos industriales de Los Prados e Intelhorce en los que el Consistorio adeuda a las inmobiliarias, GIA de Unicaja al 82 por ciento y Andria al 18 por ciento, un total de 27,5 millones de euros más intereses.

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, ha recordado que se trata de un convenio de 2004 realizado por grupo Prasa y Gestora Cantábrica "que permitiría el desarrollo futuro, una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de todo el sector con números muy importantes de viviendas". Así, ha apuntado que "con el retraso que tuvo el PGOU casi hasta 2010", Prasa quebró "y Unicaja en aquella época se hizo, junto con otros grupos de socios, con esos derechos urbanísticos".

"Pero cuando coges derechos urbanísticos también coges sus obligaciones, y resulta que en ese convenio urbanístico todavía faltaba por pagar al Ayuntamiento 27,5 millones de euros", ha aseverado Pomares, indicando que en 2011 se firmó una adenda para ejecutar ese pago en seis años que finalizaba en mayo de 2017, según ha adelantado este viernes el diario 'Sur'.

Según ha explicado, "después de un año negociando, hemos intentado llegar a un acuerdo con ellos", agregando que "parece que no ha habido consenso entre los distintos actores de este sector sobre qué desarrollar y vender". Así, "al final hemos tenido que darles la orden de pago, ellos han presentado una serie de recursos, y en eso están".

Por ello, Pomares espera que el grupo GIA de Unicaja, "que es una entidad bancaria seria", esté "a la altura de lo que debe estar y pague lo que debe a esta ciudad o intente, de alguna manera, sentarse con nosotros a buscar cualquier tipo de acuerdo".

En este sentido, ha apuntado que el Ayuntamiento actualmente podría apremiar ese pago "como hemos hecho con otros grupos inversores como el hotel de Moneo", agregando que "se nos debe 27,5 millones de euros más intereses durante estos seis años"; o realizar una reparcelación forzosa y "quedarnos con parte del sector", ya que es una zona "bastante importante, muy cerca del aeropuerto, muchos metros cuadrados y posiblemente una de las zonas de desarrollo futuro de la ciudad".

Por último, el concejal ha reiterado que tanto el Ayuntamiento como la Gerencia Municipal de Urbanismo "tienen las puertas abiertas al grupo GIA y al resto de socios para sentarse y poder seguir hablando todo lo que sea necesario". "Entendemos que judicializar no es la solución", ha concluido.