El texto, que será aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 19 de septiembre, para iniciar después su tramitación parlamentaria, pretende "blindar" el diálogo social para desvincularlo de las circunstancias políticas de cada momento.

Así lo ha aseverado el presidente aragonés, Javier Lambán, en la presentación del borrador de la ley, un acto celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico, y al que también han asistido los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Aragón, Manuel Pina y Daniel Alastuey, y los responsables de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita.

Lambán ha subrayado que el diálogo social es "uno de los instrumentos de política económica y de empleo más eficaces", recordando que el actual Ejecutivo aragonés "lo tuvo claro desde el principio" y ya el 28 de septiembre de 2015 se firmó una declaración institucional con los empresarios y sindicatos para favorecer el diálogo.

"Hoy cabe declararse razonablemente satisfecho" del desarrollo que ha tenido ese primer acuerdo, ya que se crearon cinco mesas sectoriales de trabajo y se alcanzaron otros cuatro acuerdos sobre responsabilidad social, empleo, estrategia industrial y seguridad laboral.

No obstante, se planteó la necesidad de pactar una ley que ayudara a "blindar" de manera positiva el diálogo social, para garantizarlo a pesar de los vaivenes políticos, para que fuera "efectivo por ley" y para que en los presupuestos de cada año figure una cantidad con este objetivo.

El presidente ha remarcado que el Ejecutivo aragonés dedicó al diálogo social su primer acto público de la legislatura y ha deseado que, una vez que el texto sea aprobado por el Consejo de Gobierno, la ley "entre en funcionamiento cuanto antes" con una rápida tramitación parlamentaria.

PAZ SOCIAL

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha expresado su satisfacción por la presentación de este texto para garantizar el diálogo social, que fue "una de las máximas preocupaciones de este Gobierno desde el principio", ha reconocido.

"Este acuerdo es muy especial porque enmarca todos los demás", ha afirmado Alastuey, al indicar que cuando llegan nuevos proyectos económicos a la Comunidad se valora "la paz social" que predomina en la región y que es fruto de la negociación colectiva y del diálogo, por lo que ha emplazado a proteger ambos "desde los poderes públicos en la Comunidad".

Asimismo, ha pedido a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que tramiten la ley "con la mayor celeridad y con la máxima fidelidad" al texto acordado por los agentes sociales y el Gobierno aragonés.

El presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, ha coincidido en que el desarrollo de la Comunidad hubiera sido imposible sin el clima de paz social y diálogo que ha existido, a pesar de que "ha habido altibajos".

"Negociar no es fácil, siempre hay que renunciar a algo", pero con "buena voluntad" se ha llegado este acuerdo que dará continuidad al diálogo social, ha comentado López de Hita, al apreciar que estas cuestiones tienen que "estar blindadas" por ley.

"TRATARLO CON CARIÑO"

El secretario general de CC.OO.-Aragón, Manuel Pina, ha relatado que se han alcanzado diez acuerdos entre agentes sociales y Gobierno de Aragón desde 1989, "la Comunidad con más acuerdos de diálogo social" y en esta legislatura se han suscrito cuatro sobre distintas cuestiones, ha insistido.

Con esta nueva ley, "lo que era una realidad será una legalidad", ha aseverado Pina, al reclamar también a las Cortes que "traten con mucho cariño un texto que ha llevado mucho tiempo, trabajo y consenso".

Por su parte, el responsable de CEOE Aragón, Fernando Callizo, ha explicado que Aragón es un "modelo en el conjunto de España en diálogo social", apuntando que con el actual Ejecutivo se ha trabajado "con muchísima intensidad" desde el inicio de la legislatura. "Este anteproyecto de ley es algo muy importante, que hemos demandado durante años" y que será un elemento "fundamental" para el empleo y la economía aragonesas.

Por último, la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha destacado la "vocación de perdurabilidad" de este modelo, incidiendo en que este proyecto de ley "es una garantía" para el diálogo social en la Comunidad y permitirá abordar las necesidades que detecten los agentes sociales en cada momento.

Respecto a los aspectos que todavía se deben trabajar, los responsables de CC.OO. y UGT han señalado el ámbito de la protección y han expresado su disposición a apoyar al Gobierno aragonés en otras cuestiones de importancia para la Comunidad, como la lucha contra la despoblación o el nuevo modelo de financiación autonómica.

PARTICIPACIÓN ÚTIL

El Gobierno de Aragón ha incidido en que la participación institucional en los asuntos públicos a través de los sindicatos y las organizaciones empresariales -avalada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía- resulta útil para promover medidas dirigidas a la reactivación económica, la mejora de la competitividad y del empleo y la cualificación profesional.

Por ello, se reforzó en diversos órganos administrativos y se puso en marcha este proceso que pretende servir a la ciudadanía, contribuyendo a la preservación del bienestar, a la mejora de las relaciones laborales, a la defensa del empleo de calidad y a la dinamización empresarial, promoviendo el progreso socioeconómico de la Comunidad, ha apuntado el Ejecutivo.

Ahora, con la nueva normativa se pretende "dar certeza y garantizar la estabilidad de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Aragón", con vocación de "perdurabilidad", mediante la creación de un órgano de encuentro, negociación y participación institucional permanente, y el establecimiento de su financiación, mediante una consignación anual en la Ley de Presupuestos de la Comunidad.

NOVEDADES

La principal novedad que introduce la ley es la creación de la Mesa del Diálogo Social de Aragón como máximo órgano de negociación y participación institucional permanente y de composición tripartita. Su cometido será impulsar la concertación socioeconómica y la participación institucional en la Comunidad.

La nueva Mesa del Diálogo Social, de carácter general, se sumará a las cinco mesas sectoriales que se pusieron en marcha desde el Departamento de Economía: Economía e Industria, Empleo, Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Laboral y Responsabilidad Social de Aragón, más una sexta de Políticas Sociales, dependiente del Departamento de Ciudadanía.

El trabajo sectorial ha fructificado durante este tiempo en cuatro grandes acuerdos. Primero fue el Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA) que se presentó en noviembre de 2015, que cuenta con más de 500 empresas adheridas, de las que 274 tienen el sello de RSA que acredita el cumplimiento de los requisitos en cuanto a las relaciones con los empleados, clientes y proveedores y a aspectos sociales y medioambientales.

Después se presentaron el Plan para la Mejora del Empleo en Aragón 2016-2019 en septiembre del año pasado; la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020 en abril de este año; y a finales del pasado mayo, la Estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón 2017-2019. En este último acuerdo se encuadra el plan para la digitalización de las empresas aragonesas aprobado el pasado 13 de junio en el Consejo de Industria.