Estas son algunas de las medidas que han explicado este miércoles la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la titular de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa en la que ha presentado la 'Guía para Empleadas Públicas Víctimas de la Violencia de Género'. También se ha expuesto el protocolo previsto para este tipo de casos.

Oltra ha resaltado la "confidencialidad" de las trabajadoras públicas -funcionarias e interinas- que pongan de manifiesto su situación, así como el hecho de que no será necesario que su situación sea ratificada en sentencia o por la Fiscalía, ya que podría hacerse en un Centro 24 Horas o por los Servicios Sociales de la Administración, entre otros.

Cuando se tenga confirmada esta situación de malos tratos, la empleada podrá solicitar, entre otras posibilidades, un traslado de puesto de trabajo que "no supondrá merma alguna en la remuneración salarial de la víctima respecto al puesto que ocupaba en su lugar de origen", ha explicado Bravo.

La adscripción al nuevo puesto de trabajo de la empleada víctima de violencia de género tendrá carácter provisional y, en cualquier caso, se mantendrá la reserva sobre el lugar de trabajo del que fuera titular con destino definitivo.

El traslado por violencia de género tendrá la consideración de traslado forzoso, por lo que los gastos e indemnizaciones que, en su caso, correspondan a la empleada pública serán a cargo de la conselleria u organismo de origen, ha expuesto la consellera.

La Generalitat también reconoce el derecho al traslado laboral a aquellos empleados públicos que tengan bajo su patria potestad, tutela o acogimiento a una menor o a una persona con discapacidad que tenga la condición de víctima de violencia de género y esa situación aconseje un cambio de localidad de la residencia familiar.

Con el objetivo de facilitar la movilidad interadministrativa, el pleno del Consell tiene previsto este viernes autorizar la firma de un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que permitirá que las empleadas publicas de cualquier administración valenciana obligadas por un supuesto de violencia machista a cambiar de puesto de trabajo tengan derecho al traslado a una plaza vacante en cualquiera de las restantes administraciones firmantes.

Así mismo, estas mujeres podrán solicitar excedencia o una reducción de jornada. En el caso de que ésta sea de un tercio, no se disminuirá la retribución; la misma solo se aplicará si se solicita un 50% de reducción. Estas mujeres gozarán, además, de más flexibilidad horaria y podrán concurrir en faltas de asistencia, total o parcial.

"NECESIDAD" DE GUÍA

Gabriela Bravo ha destacado durante su intervención la "necesidad" de esta guía para que las empleadas públicas víctimas de violencia de género conozcan sus derechos y puedan ejercerlos. Ha subrayado que "es necesaria esa difusión, ese conocimiento y, sobre todo, arbitrar mecanismos lo más sencillos posibles para que el ejercicio de estos derechos de las empleadas públicas puedan llevarse a cabo sin ningún tipo de menoscabo para las víctimas".

Por su parte, la vicepresidenta ha indicado que esta guía, "que me gustaría no tener que presentar", es "más que un documento; es un esfuerzo del equipo de la Conselleria de Justicia para proteger a las víctimas y para facilitar una oportunidad de escapar de un posible entorno hostil o peligroso para las mujeres".

"En definitiva, un paso más en el camino hacia una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, porque nuestro objetivo es atender la violencia en todas sus fases: la prevención y la promoción de la igualdad y cada día ir ganando la batalla", ha insistido la vicepresidenta, quien ha destacado que "somos la primera comunidad autónoma con movilidad interadministrativa para mujeres víctimas de la violencia de género".

Oltra ha señalado también que esta guía, "un recurso útil para que las empleadas públicas tengan un fácil acceso a los derechos que tienen para mejorar su situación y la de su familia", forma parte de un gran pacto contra la violencia de género y machista "que está ultimando el Gobierno valenciano y que se presentará en breve, donde hay medidas como esta, compromisos concretos por parte de las administraciones, de los agentes económicos y sociales, de la administración de justicia, de colegios profesionales y organizaciones feministas".