Así lo explica el presidente de la Cámara valenciana, Enric Morera, en un escrito a la portavoz del grupo popular, Isabel Bonig, que había presentado otro escrito dirigido al presidente y la Mesa de la cámara en el que advierte de una "posible irregularidad" y de "consecuencias jurídicas" que pueden derivarse de la convocatoria del pleno del viernes, antes de la celebración del Debate de Política General que ya estaba fijado para los días 13 y 14 de septiembre.

En la respuesta, Morera agradece a Bonig su "preocupación" ante lo que considera una posible vulneración del reglamento pero recuerda que el Tribunal Constitucional, en jurisprudencia reiterada, señala el principio de disponibilidad reglamentaria, que permite precisamente "que una norma aprobada en virtud de la potestad autonormativa del propio parlamento no puede representar un corsé insalvable para que la cámara pueda desarrollar su trabajo".

Además, recuerda que con el acuerdo unánime "en numerosas ocasiones se han acortado o alargado los plazos previstos en el propio reglamento o algunas de las condiciones que establece".

Así, considera el presidente que pese a que el artículo 76 del reglamento estalece que el Debate de Política General tendrá luhar en el primer pleno del periodo ordinario de sesiones, la Junta de Síndics atendió por unanimidad la petición del PSPV y Compromís de convocar este pleno extraordinario por la importancia política de votar la convalidación del decreto ley "ante el inminente inicio del curso escolar".

"No me parece que, en ningún caso, con este acuerdo unánime de la Junta de Síndics se vulnere derecho alguno de los diputados o de los grupos del que pueda derivarse algún tipo de consecuencia jurídica", agrega.