En aquel desalojo, recordémoslo, el Ayuntamiento esgrimía que esta familia que desde febrero de 2016 ocupaba sin título alguno una VPO de la plaza Salvador Valverde, en el barrio de Torreblanca, no reunía "los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad".

La familia, formada por una mujer, su pareja y tres hijos, había contado según el Ayuntamiento con propuestas para "una alternativa habitacional de transición, así como un año de ayudas al alquiler", dado que la mujer tenía en vigor un contrato de seis meses. El Consistorio, en ese sentido, insistía que la familia había declinado las alternativas propuestas.

Pues bien, después de aquel desalojo, Cristina Honorato avisa de que el Ayuntamiento tiene realojadas a estas personas en "una pensión sin lavadora, sin sala de estar, ni de juegos, en habitaciones de unos cinco metros cuadrados, con humedades y con mobiliario en mal estado, además de con graves problemas de accesibilidad". "Es un hostal que no cumple las condiciones más básicas para la vida digna", enfatiza la concejal.

Honorato se ha reunido con los miembros de esta familia, exponiendo después que este caso prueba "una vez más, que el Gobierno municipal de Juan Espadas se muestra totalmente impasible ante el drama de la vivienda", porque "sólo promete cosas y firma acuerdos que después no se ejecuta".

LOS ACUERDOS

Al respecto, ha rememorado que en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y Participa, para que la formación de izquierdas se abstuviese en la votación de los presupuestos de 2017 y permitiese su aprobación, figuraba el compromiso de "acabar con los desalojos en la empresa municipal de la vivienda y poner en marcha una mesa de negociación que abordara la ocupación ilegal de pisos públicos".

La mesa debería haber estado conformada en mayo, según la edil, que reclama al Gobierno local socialista que aclare "cuándo piensa ponerla en marcha". "Desde marzo no ha existido la voluntad política necesaria para abordar este grave problema", se ha quejado Cristina Honorato, que acusa al PSOE de incumplir además los acuerdos alcanzados en 2015 con Participa para la investidura del socialista Juan Espadas como alcalde, en lo referente a la paralización de los desahucios y la suspensión de "cualquier procedimiento de desahucio de viviendas municipales".

Por contra, alerta de que el Gobierno local "sí ha apostado por la vía penal y policial, como comprobaron Raquel, Jesús y sus hijos el pasado 19 de julio", en referencia a la mencionada familia. "¿Por qué sigue sin existir viviendas para este tipo de situaciones? ¿Por qué más de un mes después no han encontrado ninguna alternativa digna para estas personas?", ha manifestado la edil, que ha aprovechado para visibilizar como los diferentes anuncios sobre vivienda realizados por el Gobierno de Espadas "no tienen resultados positivos".