Así lo ha explicado este lunes Sarrión en una rueda de prensa en la que ha explicado el contenido de la pregunta de control que formulará en el Pleno de las Cortes de este martes al Gobierno de la Junta relativa al proyecto minero de esta compañía de capital mayoritariamente australiano.

Sarrión ha recopilado las tres preguntas formuladas por la europarlamentaria de IU Marina Albiol y las tres respuestas de la Comisión, de las que el procurador concluye que la empresa no ha dado el consentimiento para publicar notificaciones relativas al proyecto, que tampoco notifica a los estamentos europeos sobre las supuestas modificaciones en el proyecto de el Retortillo ni sobre las suspensiones de autorización que pesan o han pesado sobre el mismo.

Según Sarrión, resulta "preocupante" que Berkeley "siga sin autorizar" a la Comisión Europea a que la ciudadanía conozca el informe de impacto ambiental emitido por la Junta de Castilla y León sobre el proyecto minero de Retortillo. Además, ha apuntado que el Estado en el que se desarrolla dicha iniciativa también tiene potestad de autorizar a que se divulguen las informaciones, algo que tampoco se ha producido, de acuerdo con la respuesta por escrito de la Comisión.

Asimismo, ha calificado de "insultante y sorprendente" que, en una de las respuestas a Albiol, la Comisión afirme que no ha recibido notificaciones sobre modificaciones en el proyecto, ya que ha defendido que "incluso el Procurador del Común" ha detectado cambios de tal magnitud que ha recomendado que se vuelva a emitir declaración de impacto ambiental.

Aunque la compañía ha negado este domingo que se hayan producido cambios, Sarrión ha subrayado que "el proyecto actual es tan diferente del inicial que la declaración de impacto ambiental ya no sirve".

En tercer lugar, Sarrión ha añadido que la Comisión, en respuesta firmada por el comisario Miguel Arias Cañete reconoce que no ha sido informada por Berkeley de la suspensión de ningún procedimiento de autorización.

Sin embargo, ha defendido que el permiso de uso excepcional de suelo rústico ha estado suspendido por la Junta de Castilla y León hasta el pasado mes de julio, aunque finalmente se ha conseguido la autorización, y que sigue paralizado "indefinidamente" el consentimiento de la Unión Europea a la espera de un informe sobre las consecuencias de la radiactividad que se derivarían del proyecto.

Finalmente, ha lamentado que no se haga referencia en las respuestas europeas a la supuesta relación entre Berkeley y la compañía canadiense Uramin, que hace unos años ocasionó una pérdida "estimada en 4.900 millones de euros" al Gobierno francés por la venta de una mina de Namibia a la empresa pública gala Areva. Según Sarrión, ambas compañías han compartido al menos un directivo y un inversor -el Bank of Montreal-.