La revelación esta semana de que los servicios de inteligencia estadounidenses habían avisado en mayo a los Mossos d'Esquadra sobre la posibilidad de un atentado en las Ramblas de Barcelona ha recrudecido el enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno central. Este mismo viernes, la Moncloa ha pedido al president que comparezca a dar explicaciones, mientras que desde el Govern siguen defendiendo la capacidad de su policía autonómica.

Este jueves, El Periodico publicó que la CIA habia trasladado a los Mossos mediante una nota el 25 de mayo informaciones de que el Estado Islámico estaba planeando atentados en Barcelona durante el verano, específicamente en la Rambla de la Ciudad Condal. El pasado 17 de agosto, una célula terrorista perpetró los ataques de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos. Horas después de esos hechos, el diario ya había publicado la información del aviso de la CIA, pero el Govern la había negado reiteradamente.

Tanto los Mossos como el Conseller de Interior admitieron ese mismo jueves que habían recibido la información, pero que tras contrastarlo y consultarlo con el Gobierno central, decidieron que era un aviso "que tenía una muy baja credibilidad". Negaron que la información procediera de la CIA, aunque no especificaron la fuente, y afirmaron que todo se trataba de una "campaña de desprestigio" contra las fuerzas de seguridad catalanas.

Este viernes, el diario barcelonés ha publicado un documento que confirma que el National Counterterrorism Center envió el 25 de mayo la información tanto a los Mossos como las fuerzas de seguridad y de inteligencia centrales de España.

Tras estas informaciones, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado este viernes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "tendrá que explicar" por qué en su momento negó que los Mossos d'Esquadra hubieran recibido el aviso de la CIA.

Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha eludido ante varias preguntas relativas a ese aviso pronunciarse sobre "operativas". Sin embargo, ha opinado que Puigdemont tendrá que aclarar por qué inicialmente negó la existencia del aviso de la CIA y, este jueves, el conseller de Interior, Joaquim Forn, admitió que había llegado una comunicación de "muy baja credibilidad".

El portavoz del Ejecutivo ha hecho varios llamamientos a "la unidad sin fisuras" de todos los demócratas ante el terrorismo y en el que ha dejado claro que existe cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad y que los únicos culpables de los atentados son los terroristas.

Méndez de Vigo ha sido preguntado si, en caso de ser cierto, por qué no se dio fiabilidad al aviso que los servicios secretos estadounidenses enviaron al Centro Nacional de Inteligencia español, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional sobre un posible atentado en España y si se puede rechazar la relación entre el mismo y los atentados que se han cometido.

"Cuando se produce un atentado terrorista, hay que ser cautos y prudentes, y por tanto el Gobierno no va a hacer ninguna declaración ni comentario sobre cuestiones operativas", ha dicho al respecto el portavoz del Ejecutivo, quien ha recordado que hay un juez que investiga y que además ha decretado el secreto del sumario.

Ha sido preguntado sobre qué opinión le merece el hecho de que la Generalitat haya responsabilizado al Estado de no dar credibilidad a este aviso y que considere que hay una campaña de desprestigio de los Mossos d'Esquadra y que esté criticando a los medios de comunicación.

"No debemos perder la perspectiva nunca de que los únicos culpables de los atentados son los terroristas, nadie más es responsable, y las Fuerzas de Seguridad del Estado, todas, trabajan intensamente y con eficacia en la prevención de atentados terroristas", ha recalcado Méndez de Vigo.

También el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigido la comparecencia del presidente de la Generalitat para que dé explicaciones por haber "mentido" sobre el aviso de la CIA a los Mossos d'Esquadra. Ya este jueves, este partido se unió a PP y PSC para reclamar la comparecencia de Forn y su antecesor en el cargo, Jordi Jané.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, ha asegurado que "la absoluta mayoría" de los ciudadanos catalanes están "perplejos" ante "la campaña de intento de desprestigio" hacia los Mossos d'Escuadra. "Si alguien lo que quiere insinuar es que el atentado se podría haber evitado, que tenga el coraje de decirlo", ha manifestado.

El portavoz del Ejecutivo catalán se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios en Bilbao, minutos antes de mantener una reunión con el portavoz del Gobierno vasco y consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

"No vamos a entrar más en esta campaña de intento de desprestigio hacia los Mossos", ha reiterado el portavoz del Gobierno catalán, que ha señalado que Forn y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ya dieron explicaciones "muy claras" al respecto.

El cruce de acusaciones resquebraja aún más la tímidad unidad que había surgido entre Gobierno y Generalitat, algo que se constató ya durante la manifestación del sábado pasado contra el terrorismo en Barcelona, que fue aprovechada por el independentismo.

También es un nuevo cuestionamiento al papel de los Mossos. La semana pasada, los sindicatos de Policía y Guardia Civil denunciaron que esos cuerpos fueron excluidos de la investigación, con el objetivo de dar la imagen de "un Estado catalán autosuficiente".

La semana pasada, la Generalitat también se empleó a fondo para rechazar las críticas en torno a la investigación sobre el imán de Ripoll, considerado el cerebro de los atentados.

Las autoridades belgas revelaron que en marzo de 2016 contactaron con los Mossos para pedir información sobre Abdelbaki Es Satty. Forn negó primero haber sido avisado y posteriormente admitió que un policía belga mantuvo contacto sobre el tema con un mosso, pero que no fue una "petición formal" y de nuevo reiteró que lo que se busca es "ensuciar" la imagen del cuerpo autonómico.