Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la ley seca. En este tiempo, mucho ha cambiado la situación de la capital en relación al fenómeno: apenas se producen concentraciones ilegales, tenemos botellódromo -inaugurado el pasado marzo- y las multas derivadas del botellón ya no son moco de pavo.

Y si no, que se lo digan a la treintena de ciudadanos que se han encontrado con una sanción de 751 euros por orinar en la vía pública.

Se trata de la máxima penalización que contemplan las nuevas ordenanzas de limpieza y ornato municipales, aprobadas a la par de la ley seca y que venían a completar el marco regulador del fenómeno.

El Ayuntamiento acaba de hacer pública la primera tanda de sanciones relacionadas con estas conductas incívicas y que comenzaron a imponerse en diciembre de 2006. En la mayoría de ellas, aplica con la máxima severidad las ordenanzas, excepto en algunos casos que castiga a los pillados in fraganti con multas de entre 166 y 200 euros.

La imposición de una u otra sanción no depende de la cantidad evacuada, sino de la normativa «aplicable», explica el área de Medio Ambiente. La andaluza tiene competencias sobre las acciones relacionadas directamente con el botellón, mientras que la local abarca más ámbitos.

Esto es, la realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos está tipificada como infracción leve tanto por la ley seca como por la ordenanza local. Lo que varía es el máximo de la sanción: 300 euros en el caso de la norma andaluza y 751 en la municipal. También han aumentado las multas por pegar carteles en sitios no autorizados con hasta 3.000 euros.

"No había urinarios"

El pasado enero, S. M. se fue a casa con una multa de 751 euros bajo el brazo. Dos agentes, que realizaban una ronda por la zona de Méndez Núñez, le pillaron evacuando «sobre unos jardines».

El denunciado achacó su conducta a que «en la zona no había urinarios» públicos, pretexto que le valió para conseguir que le rebajaran la sanción a 166 euros.