El juez Pablo Ruz, que ha sido instructor de casos como 'Gürtel', 'Bárcenas' o 'Rumasa', ha denunciado este jueves por la tarde en Santander que las reformas legislativas llevadas a cabo en España en los últimos años han tenido como consecuencia la "precarización" de los derechos humanos fundamentales, que desde su punto de vista "están en continua legalidad".

Así, ha vinculado el concepto de crisis económica con el concepto de "precarización" de los derechos y ha criticado que en algunos casos, en dichas reformas recientes, se "priorizan generalmente" los objetivos macroeconómicos. En su opinión, estas reformas "en la práctica suponen importantes limitaciones, restricciones, privaciones" en el ejercicio de derechos civiles, sociales o políticos.

De hecho, ha precisado que España parte "de una realidad sumamente mejorable" porque en nuestro país, a su juicio, "se están vulnerando" leyes y tratados internacionales suscritos, así como "consensos sociales que estaban ya asentados" entre los ciudadanos, tal y como ha dicho en su intervención esta tarde en el ciclo 'Conocimiento y Valores' en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Además, ha reivindicado que "ni el miedo, ni la inseguridad ciudadana" pueden llevar a "deshacernos de las conquistas democráticas y los derechos adquiridos", al tiempo que ha señalado que "el fenómeno de la corrupción es evidente y tiene una incidencia clara en la vulneración de derechos humanos".

Cuestionado precisamente por una asistente del público sobre la inseguridad ciudadana como consecuencia del terrorismo y sobre los derechos que deberían priorizarse, ha valorado que "el éxito como sociedad será no movernos ni una coma de lo que tenemos regulado por el hecho de que la sensación de miedo o temor se acreciente" debido al terrorismo.

En este sentido, que ha recordado que España ha sufrido hechos de "más gravedad" que atentados como el de Barcelona o Cambrils (Tarragona). "Lo que nos toca a los jueces es que se cumplan los estándares de respeto a los derechos fundamentales", ha explicado, en referencia al trabajo que deben hacer los jueces, en su opinión. "Ir a una mayor excepcionalidad seguramente vaya en contra de principios que hemos ganado", ha rematado.

Asimismo, en lo relativo a propuestas que lanza para mejorar el sistema judicial español, ha apostado por la justicia restaurativa o de mediación, que en su opinión "cada vez está teniendo mayores éxitos" o por la "humanización" del sistema penal.

REFORMAS EN LEGISLACIÓN PENAL, EXTRANJERÍA Y JUSTICIA UNIVERSAL

Durante su conferencia, se ha centrado en valorar las últimas reformas en materia de legislación penal y en seguridad ciudadana, en la Ley de Extranjería ('devoluciones en caliente' y Centros de Internamiento de Extranjeros o CIEs) y en la Justicia Universal en los juzgados españoles.

Con respecto a las reformas penales, ha considerado que "es legítimo cuestionar la creciente tendencia a la instrumentalización del Derecho Penal como solución mágica a todo problema que se le plantea a la sociedad". "No todo se soluciona a golpe de Código Penal", ha dicho.

En materia de extranjería, ha señalado que cuando se confrontan las prácticas de las 'devoluciones en caliente' con los compromisos "asumidos" por España, "el conflicto salta a la luz" porque la legislación impone que se é "la oportunidad" a los inmigrantes que llegan a decir "cuáles son los motivos" por los que llegan.

De hecho, ha denunciado que con estas devoluciones "se les está privando directamente" la capacidad de dar sus razones y "puede haber" menores de edad, víctimas que huyen de matrimonios forzados o de trata con fines de explotación sexual. En cuanto a los CIEs, ha asegurado que "no le gustan" y que a su juicio se está produciendo un "uso abusivo" del internamiento. Según Ruz, los inmigrantes deben ser internados "solo" en los casos "que lo justifiquen", como que "sean un peligro" para la sociedad o que "haya riesgo de fuga".

En tercer lugar, en lo referente a la Justicia Universal, se ha posicionado como un "fervoroso y firme creyente" de este tipo de Justicia porque, entre otros motivos, "se trata de una cuestión de legalidad" y "de moralidad". A este respecto, ha lamentado que primero en 2009 y después en 2013, se llevaran a cabo reformas que han concluido por exigir a los jueces españoles que quieren investigar casos sucedidos fuera de España que el autor que comete el crimen sea de nacionalidad española o que el extranjero que comete el delito viva en España.

REFUGIADOS Y DEROGACIÓN DE LA DOCTRINA PAROT

Ruz, que ha citado los 26 "motivos de preocupación" del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicados en un informe en el año 2015 por "incumplimiento" del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos" en España, también ha calificado de "tremendamente ineficaz" el sistema español en materia de acogida de refugiados que huyen de países en guerra como Siria.

En este sentido, ha recordado que queda un mes para que España cumpla su compromiso de acoger a 17.337 refugiados, y ha precisado que hasta el momento la cifra se reduce a un 11 por ciento aproximadamente. Igualmente, ha denunciado que Europa "levanta vallas" terrestres, invierte tecnología en vigilancia de fronteras e "intenta que los países vecinos "actúen como muros de contención".

En el turno de preguntas del público, el juez Ruz ha sido preguntado, entre otras cuestiones, por la derogación de la denominada Doctrina Parot, que derogó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2013. A este respecto, ha insistido en que "desde una perspectiva jurídica", se ha concluido que esta doctrina era "una interpretación jurisprudencial" que suponía "un exceso de cumplimiento" de las penas de cárcel al computar los tiempos de condenas sucesivas en casos de delitos graves, como el terrorismo.

Por ello, ha destacado que al ser anulada por el TEDH, si se continuaba aplicando se hubiese visto "comprometida" la independencia judicial, por lo que los tribunales españoles debían aceptar la sentencia "guste más o nos guste menos". De esta forma, ha recordado que la legislación española estipula que el tiempo máximo en prisión es de 40 años y que pasar más tiempo en prisión "anula a la persona". Esa es mi opinión, pero admito reflexiones en contra", ha apostillado, para mostrarse "en contra" de la prisión permanente revisable porque tiene "difícil justificación" constitucional.