Sede de la Agencia Tributària de Catalunya (ATC)
Sede de la Agencia Tributària de Catalunya (ATC). EUROPA PRESS

La Generalitat asumirá a partir de este viernes la gestión de los impuestos cedidos por el Estado, es decir, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el de sucesiones y donaciones, una tarea que hasta ahora estaba delegada en los registradores de la propiedad.

En octubre de 2016, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) anunció que a partir del 1 de septiembre de este año ejercería todas las actuaciones que actualmente le permite el marco autonómico y estatutario en materia de gestión de los tributos cedidos.

El Gobierno catalán asumirá este viernes la liquidación y recaudación de estos impuestos, y el lunes entrarán en servicio las 32 oficinas de atención al público con las que contará la ATC, que arranca con unos 700 trabajadores pero con la previsión de alcanzar los 800 a finales de este año.

Según Junqueras, la ATC podría sustituir a la Agencia Tributaria estatal en caso de que se produzca la independencia de Cataluña

La ATC deberá asumir los gastos de funcionamiento (personal, alquileres, adecuación de los espacios, servicios generales, entre otros) que conllevará su despliegue territorial.

En concreto, la ATC contará con cinco delegaciones (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Barcelonès Nord), 14 nuevas oficinas territoriales que entrarán en funcionamiento el lunes, y otras 13 oficinas compartidas con entes locales.

Asimismo, Tributos de Cataluña cuenta con 161 oficinas repartidas por toda la comunidad autónoma que no ofrecen todos los servicios pero que tienen un convenio de ventanilla única junto con entes locales como ayuntamientos y Diputaciones.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha señalado que la ATC "se prepara para asumir responsabilidades en impuestos y fiscales", pudiendo sustituir a la actual Agencia Tributaria estatal en caso de una eventual independencia de Cataluña.

Un ahorro de 17 millones

Según cálculos de la Generalitat, los convenios con los registradores de la propiedad tuvieron un coste de 27,5 millones de euros en 2016, y la previsión para este año era de unos 30 millones, mientras que, paralelamente, el Gobierno catalán paga a la Administración tributaria del Estado cerca de 9,5 millones anuales en concepto de la recaudación vía ejecutiva.

La Generalitat argumenta que la asunción de estas competencias y la gestión integrada conllevará un ahorro de 17 millones para la administración catalana.

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