El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha expresado en un informe su preocupación sobre las eventuales consecuencias negativas que pueda tener la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea para la protección de las personas con discapacidad.

Así, observa "la falta de información sobre políticas, medidas y programas que pudieran ser implantados por el Estado parte para proteger a las personas con discapacidad de un impacto negativo tras activar el artículo 50" del Tratado de la UE. Por ello pide a Londres que "prevenga cualquier consecuencia negativa para las personas con discapacidad (...) en estrecha consulta con organizaciones" especializadas.

El experto de la ONU Stig Langvad señaló en una rueda de prensa que "si el Reino Unido sale (de la UE) sin mantener la protección para las personas con discapacidad, la situación será muy incierta". En su opinión, las personas afectadas "tienen miedo del futuro", ya que no saben lo que pasará y sienten que no están siendo implicadas en las discusiones sobre lo que ocurrirá".

"Deberían ser involucradas en el diálogo con la UE", recalcó Langvad, quien señaló que, en general en el tema de las personas con discapacidad, el Reino Unido "está retrocediendo", según la información que ha recibido la ONU.

Según el Comité, por ejemplo, se ha reducido la financiación para la consecución de la vida independiente de estas personas y hay menos opciones para obtener esa independencia, y el derecho de decidir dónde, cómo y con quién vivir queda limitado, "incluso más que antes", recalcó Langvad.

De acuerdo con su compañero Damjan Tatic, el apoyo a personas con discapacidades para que vivan de manera independiente ha sido trasladado a las autoridades locales y el monto se ha reducido en un 31%, o 4.600 millones de libras (4.981 millones de euros), según una de las fuentes de la ONU.

El problema además es que no se ha destinado específicamente en el presupuesto ese importe a esta cuestión. De esta manera, muchas personas con discapacidad "aún están obligadas a vivir en familias o instituciones", señaló Langvad.