Pilar Garrido
Pilar Garrido EUROPA PRESS

Un juez mexicano ordenó dos años de prisión preventiva para Jorge Fernández por el presunto asesinato de su esposa, la española Pilar Garrido, informaron hoy a Efe fuentes del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Dichas fuentes agregaron que, tras la audiencia inicial, el juez que lleva el caso "determinó vincular a proceso al esposo", quien fue arrestado el martes en el nororiental estado de Tamaulipas, por homicidio calificado y "fijó prisión preventiva de dos años como medida cautelar". Además, concedió "un plazo de tres meses para investigación complementaria".

Las fuentes señalaron que la audiencia inicial del caso tuvo una duración de poco más de 15 horas. En ella, Fernández, mexicano y criminólogo de profesión, negó estar implicado en la muerte de la joven valenciana.

La evidencia más fuerte para la implicación del esposo es el tipo de muerte

El caso de Pilar Garrido, desaparecida el 2 de julio pasado en Tamaulipas y hallada muerta semanas después en un descampado, dio este martes un vuelco de 180 grados cuando el fiscal estatal, Irving Barrios, anunció la detención de Fernández como probable responsable del asesinato.

El portavoz de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, dijo hoy a Efe que la detención tuvo lugar este martes durante una "cita habitual" con Fernández, quien desde que interpuso la denuncia de la desaparición de Garrido estuvo acudiendo a comparecencias ante la Fiscalía.

Según la versión inicial que Fernández ofreció a las autoridades, la pareja fue interceptada en una carretera por un vehículo del que salieron dos hombres, quienes, tras intentar robar el coche, se llevaron a su esposa.

Las contradicciones en las que cayó Fernández durante sus declaraciones, sobre todo "en cuanto a tiempo y recorridos que hizo" desde el lugar donde supuestamente la pareja había sido interceptada, fueron decisivas para la detención del esposo de Garrido.

En opinión del portavoz, la "evidencia más fuerte es el tipo de muerte: asfixia por estrangulamiento" de la joven, ya que no corresponde con los patrones de los grupos criminales que operan en el estado y "mucho menos en esa zona".

Desacuerdo de la defensa

En declaraciones a los medios, el abogado de Fernández, Martín Lozano, expresó su desacuerdo con la decisión del juez.

"Estamos analizando la estrategia a seguir y, en su caso, qué acciones recursivas podríamos intentar", afirmó tras señalar que esta medida "es provisional".

"Todavía no llegamos al juicio y probablemente no lleguemos al juicio, porque hasta lo considerado en este momento no hay caso", aseveró el letrado, y explicó que el juez otorgó solo tres de los cinco meses solicitados por la fiscalía para continuar con la investigación, después de que la defensa estimara excesivo ese plazo.