En plena cuenta atrás para el anunciado referéndum del 1 de octubre el Govern sigue sin convocarlo y la previsión es que la próxima semana se precipite todo para sacar adelante la ley del referéndum por la vía del decreto o bien apurando al límite la tramitación parlamentaria.

El objetivo del independentismo es doble: que el 1-O se pueda convocar oficialmente antes de la Diada del 11 de septiembre y evitar la suspensión por parte del Tribunal Constitucional. Y el del Gobierno es evitar que el 1-O se pueda convocar oficialmente como referéndum y sea lo más parecido posible a la consulta del 9-N.

Así las cosas vemos cómo en tan solo unos días el calendario ha borrado definitivamente la tímida unidad institucional tras los atentados de Barcelona y de Cambrils y cómo nos sitúa a una semana vista del anunciado choque de trenes entre el Gobierno de Rajoy y el ejecutivo de Puigdemont sin haber explorado la posibilidad de otras vías.

Con el objetivo de tener las leyes aprobadas antes de la Diada del 11-S y evitar la suspensión del referéndum por parte del Tribunal Constitucional y de incurrir en un delito de desobediencia, el Govern y el grupo parlamentario de JxSí -la CUP no es partidaria de esta estrategia, apremia a la aprobación y ya ha advertido que "vamos tarde"- apurarán hasta el último minuto para aprobar las leyes de desconexión.

Así aunque la Mesa del Parlament ha evitado este martes incluir el orden del día la tramitación de las leyes de desconexión existe un mecanismo para poder introducirlo en el pleno que se celebrará los próximos días 6 y 7 de septiembre.

En concreto sería posible a través del artículo 81.3 del reglamento del Parlament que permite alterar el orden del día si dos grupos parlamentarios así lo solicitan e introducir un nuevo punto y su aprobación en el pleno.

El otro camino posible es la aprobación de la Ley del Referéndum por decreto ley del Govern, una opción que no está descartada y que se produciría también la próxima semana, en este caso con toda probabilidad durante la reunión del ejecutivo de Puigdemont del próximo martes 5 de septiembre.

En cualquier caso, como muy tarde el jueves 7 de septiembre saldremos de dudas ya que la intención es tener aprobada la ley del Referéndum y la de Transitoriedad para, inmediatamente, proceder a la convocatoria del 1-O y la publicación de las condiciones que regularán su celebración antes de que el Gobierno español actúe para suspender la ley de referéndum y por tanto su convocatoria.

Recordar que el Tribunal Constitucional ha convocado pleno entre el 5 y el 7 de septiembre para reaccionar con rapidez a la petición que realice el Gobierno en el sentido de suspender el referéndum.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo actuará de forma inmediata en cuanto se tramiten la ley del referéndum o la de transitoriedad, y ha calificado esta última es "aberrante".

El Gobierno tiene ya "preparadas y previstas" las actuaciones contra ambas leyes, ha advertido Santamaría, quien ha insistido en que el Gobierno lleva semanas preparado tanto si se pretende tramitar esas iniciativas por decreto o en un pleno.

Sáenz de Santamaría cree además que "el problema" del independentismo catalán es quién firma la ley de desconexión y la de convocatoria de referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, y ha recordado que en Cataluña hay ya cuatro responsables políticos inhabilitados y otros con procedimientos abiertos.

El camino abierto por los independentistas hacia la ruptura con España y la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno anula la mínima esperanza de unidad o de diálogo entre ambos gobiernos que se abrió, aunque fuera solo durante unas horas, tras los atentados en Cataluña.

Y en Cataluña, los atentados de Barcelona y de Cambrils han abierto una nueva polémica en el seno de los partidos independentistas: ¿Cataluña tendrá ejército?.

La diputada del CUP, Gabriela Serra, ha replicado al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "no es ético utilizar" los atentados yihadistas del 17 de agosto para justificar la necesidad de que Cataluña tenga un ejército propio en caso de independencia.

El debate lo ha iniciado este martes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando aseguró que veía "absolutamente indispensable" que una Cataluña independiente tuviese ejército, una política de defensa "moderna" e inteligencia militar, en especial ante la "grave amenaza" del terrorismo yihadista.

Tampoco comparten la opinión del president sus socios de ERC. La adjunta a la presidencia para las Relaciones Institucionales de ERC, Anna Simó, ha replicado que "ahora" no es el momento de valorar si una hipotética "república catalana" tendrá o no ejército o de qué clase, cuestión que según ERC debe abordarse más adelante.

"Puigdemont, todos los diputados que estarán en la asamblea constituyente y toda la ciudadanía que lo quiera" podrán participar en este proceso ha asegurado Simó.

Mientras, los grupos de la oposición se han preguntado de nuevo este miércoles sobre si la gestión de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se centra únicamente en favorecer al independentismo.

El grupo parlamentario de Cs ha registrado este miércoles un escrito en el Parlament solicitando a los servicios jurídicos de la Cámara que digan si se "adecua a derecho" que la presidenta del Parlament no haya incluido en el orden del día de la mesa la ley del referéndum que JxSí y la CUP registraron en julio.

El portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha pedido que "los servicios jurídicos digan si Forcadell está actuando correctamente o como la presidenta de la ANC, al dictado de lo que dicen Puigdemont y Junqueras".

También el grupo del PSC ha registrado este miércoles un escrito en el Parlament en el que piden a los letrados de la Cámara que analicen el contenido de la ley del referéndum y de la de transitoriedad jurídica y su adecuación al Estatut y a la Constitución.

La portavoz de los socialistas en el Parlament, Eva Granados, ha recordado que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, reconoció que estas normas eran complejas: "Que sea asistida por los juristas, que le ayudarán a tomar esta decisión".

Y el grupo de Catalunya Sí Que Es Pot ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Parlament para que los letrados determinen si la presidenta puede "posponer sine die" una iniciativa ya registrada, "hurtando" el derecho de los miembros de la Mesa a pronunciarse sobre la misma, en alusión a las leyes de "ruptura".