Así, dicha plataforma ha reiterado su rechazo a la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que conminaba a Rivas a entregar a sus hijos el lunes 28 de agosto al padre, Francesco Arcuri, como así hizo, y en el que cita a declarar como imputadas en un supuesto delito de inductoras de la sustracción de menores a la asesora jurídica y a la psicóloga de Rivas el día 30 de agosto a partir de las 10,00 horas, y a los familiares de la misma hasta el segundo grado de consanguinidad el 31 de agosto.

La organización califica este hecho de "excesivo" y que supone "un precedente intolerable de ataque directo a las instituciones públicas y personas que dan apoyo a las víctimas". "Consideramos que el Sistema de Justicia debe ser percibido por las víctimas de violencia como un elemento de protección y seguridad", remacha el comunicado.

De esta forma, la plataforma asegura respaldar "el trabajo y la actuación" de las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena y las de los centros de toda la provincia por "la importante labor que realizan y el apoyo que facilitan a las mujeres víctimas para denunciar y buscar ayuda para salir de la situación de maltrato".

Por último, reitera la exigencias de que el caso de Juana Rivas se considere un caso de violencia de género, se cierren todas las causas judiciales y se le entregue la custodia de sus hijos. "Y urgimos al gobierno estatal, competente en la custodia de menores, a cumplir el Pacto Estatal contra la Violencia de Género y desarrollar la normativa de forma que un maltratador condenado por sentencia firme no pueda tener la custodia de sus hijos", concluye el texto.