Llamazares recuerda que los trabajadores han denunciado recientemente la actitud de la empresa y de las administraciones de desentenderse de las secuelas del accidente y destaca que tanto el Congreso de los diputados como la Junta General del Principado de Asturias han reiterado a los respectivos Gobiernos la necesidad de mantener las medidas de vigilancia, prevención, atención sanitaria e incrementar las del protección social e investigación de las secuelas a los trabajadores afectados.
Por ello IU quiere conocer cuál es la situación actual de los trabajadores intoxicados desde el punto de vista de sus secuelas y las medidas de protección social; si tiene previsto el Gobierno desempeñar un papel activo para el reconocimiento de su enfermedad profesional;
si piensa colaborar el Gobierno con otras administraciones y la Universidad al objeto de investigar las consecuencias del accidente sobre la salud humana.
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