En este sentido, han señalado que Fernández de Moya considera que el Tribunal de Cuentas "le ha dado la razón en su denuncia, desde el minuto uno, del despropósito que supuso la proyección del tranvía en Jaén".

Las mismas fuentes han confirmado que el exalcalde de la capital jiennense ha hecho "especial hincapié" en varios aspectos del informe que vienen "a confirmar "todo aquello que el Partido Popular de Jaén advirtió sobre el sistema tranviario.

De esta manera, han indicado que el informe certifica que no se realizaron estudios previos sobre las necesidades del transporte colectivo de viajeros en la ciudad ni informes comparativos con alternativas, algo que va contra los principios de economía, eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos públicos. Así, los estudios que se realizaron se llevaron a cabo "cuando la decisión de implantar el tranvía ya estaba tomada".

Asimismo, han destacado que da por cierto que los trabajos de implantación del tranvía, sin estudios previos, quedaron supeditados a la definitiva decisión de ejecutarlo, así como la alcaldesa de entonces, la socialista Carmen Peñalver, firmó los protocolos de colaboración con la Junta, los convenios y la posterior adenda, con la intención de implantar el tranvía, "sin tener en consideración al Pleno, que debió participar en este proceso, tal y como refleja la normativa vigente, puesto que se trataba de implantar un servicio público de competencia del Ayuntamiento".

En este aspecto, el entorno del secretario de Estado incide en que el informe recuerda que el Pleno del Ayuntamiento no aprobó el trazado por el que discurriría el tranvía y que el traslado de la sede de la Policía Local, para que los terrenos de las antiguas instalaciones albergaran los talleres y las cocheras del tranvía, "resultó falto de previsión desde el principio hasta el final porque no se valoraron otros emplazamientos ni el impacto del propio traslado". Igualmente, "se llevó a cabo la actuación arqueológica en el solar donde se iba a ubicar la nueva sede de la Policía Local, pero no se ejecutó la misma", abunda el informe.

"Durante la ejecución de la obra de implantación del sistema se produjeron una serie de imprevistos que el Tribunal de Cuentas considera que no fueron tales, sino fruto de la falta de previsión, como por ejemplo las modificaciones por las afecciones a zonas ajardinadas u otras deficiencias no previstas", han añadido.

Asimismo, quedaría probado que la adecuación de la caseta municipal para sede de la Policía Local también resultó "deficiente" y provocó diversas modificaciones del proyecto, "que lo encarecieron y que se ejecutaron contraviniendo la normativa".

Además, el anteproyecto recoge que el proceso de licitación del contrato para la asistencia técnica a la explotación fue "incompleto, falto de previsión y no permitió que las empresas que quisieran concurrir pudieran completar sus ofertas de manera coherente", así como que "las pruebas en blanco que se llevaron a cabo hasta su suspensión cautelar no se planificaron convenientemente".

Asimismo, señalan que Fernández de Moya ha enfatizado que la inversión, de unos 120 millones de euros "no contó" con fondos de la Unión Europea, como se aseguró en su momento, por lo que era "falso" que existiera una determinada partida que había que emplear obligatoriamente para construirlo.

Con todo, el propio Fernández de Moya ha recibido notificación del Tribunal de Cuentas para que presente alegaciones al anteproyecto de informe, con un plazo hasta el día 12 de septiembre.