Según ha informado la Subdelegación en una nota, Muñoz ha recordado que las competencias medioambientales "siempre las ha tenido la Junta y, desde 2011, se le sumaron las de costas, incluidas las obras".

Muñoz quiere saber "por qué la Junta, si tanto interés tiene en el problema medioambiental de ese río, echa balones fuera y no se encarga de actuar en el Guadiaro, sabiendo que es la administración con plenas competencias para hacerlo y que, además, debe hacerlo también al tratarse el estuario del río de una zona protegida".

A su vez, ha recordado que la Junta debe velar por la integridad de los valores medioambientales del LIC (lugar de importancia comunitaria) del Guadiaro, competencia que tiene asignada según el propio Estatuto de Autonomía".

Por ello, le ha indicado que "los vecinos de esa zona conocen a ciencia cierta que la única administración que se ha preocupado de sus playas y de ejercer sus competencias ha sido el Gobierno Central, porque a la Junta aún la están esperando en el ámbito de sus responsabilidades medioambientales".

Para el subdelegado el delegado se escuda en una interpretación "muy particular" cuando aborda la Ley de Costas, "porque no todo lo que está en DPMT (Dominio Público Marítimo-Terrestre) es responsabilidad del ministerio", subrayando Muñoz que "cada administración debe asumir sus propias competencias" y precisamente entre éstas "no está que Costas tenga que asumir los problemas medioambientales, como pueda ser la mortandad de peces por el cierre de un río y su bajo caudal".

Subdelegación ha apuntado que el problema del río Guadiaro no es de índole litoral, costero ni de sus dinámicas sobre el que "tenga que actuar el ministerio a través de Costas" y, cuando lo ha hecho, ha sido para la extracción de arena dentro de las actuaciones contempladas entre las obras de interés general del Estado que están recogidas en el articulo 111 de la Ley de Costas, empleándose esa arena para rehabilitar las playas de San Roque.

Por ello, Agustín Muñoz ha demandado "celeridad" a la Junta para intervenir "dada su aparente máxima diligencia para exigir a los demás lo que ella no hace", instando a Acuña a que "esa rapidez y urgencia que nos exige las aplique en sus competencias".