La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha pedido disposiciones específicas que garanticen la protección de los menores y de las víctimas de violencia machista para evitar casos como el de Juana Rivas, la mujer que ayer fue puesta en libertad provisional a después de mantenerse escondida con sus hijos, de 11 y 3 años, para evitar entregarlos a su padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado en 2009 por violencia doméstica y sobre el que pesan varias denuncias posteriores de malos tratos y violenci ade género.

Juana Rivas quedó en libertad provisional, en contra del criterio de la fiscalía que había solicitado prisión, tras comparecer como detenida en el Juzgado de guardia de Granada investigada por supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia. Ambos procesos siguen estando pendientes de resolución. Incluida la orden de entrega de los niños al padre italiano, acordadada tanto por la vía civil como por la vía penal.

En su comunicado, la AMJE recuerda "la capital importancia que tiene la utilización de la perspectiva de género como elemento transversal inspirador e informador tanto de las normas jurídicas como de su interpretación y aplicación". "Instrumentos jurídicos tan necesarios y relevantes como el convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores corren el riesgo de ser desvirtuados y dar lugar a situaciones materialmente injustas si en su aplicación no se atiende al contexto y a la realidad que comporta la violencia de género", añade.

Comenta que "en tal sentido y aún cuando los hechos no hayan ocurrido en nuestro país, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto de la Víctima del Delito prevé una competencia específica de la jurisdicción, que debe ponerse en relación con la obligación de adoptar medidas de protección de los menores, cuyo superior interés prevalece sobre cualquier otro y a los que "se les ha de asegurar un entorno libre de violencia".

Al respecto abunda en que el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica prevé que "las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos se tengan en cuenta incidentes de violencia machista".

"Estamos ante una realidad compleja y delicada a la que solo se le pueda dar respuesta utilizando instrumentos legales que prevean un tratamiento específico de la violencia de género que pueda ser objeto de una aplicación con suficientes profesionales formados y medios adecuados, evitando retrasos intolerables ante realidades que exigen una atención inmediata", advierte.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Federación de Mujeres han pedido que se cambie la ley tras el caso de Juana Rivas y han lamentado que la situación actual de la madre de Maracena (Granada) perjudica "más" a sus hijos.

Concretamente, la presidenta de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, ha asegurado en declaraciones estar "al lado de Juana" pero no estar "al lado de los que la hacen huir". "Nunca he visto mayor soledad que las mujeres que sufren maltrato. Hay que defenderla siempre sin contradecir la ley, que hay que cambiarla porque no sirve, pero no contradecirla", ha concretado.

"La Fiscalía no sabe ni lo que hace. Esta mujer está en libertad provisional pero con unas acusaciones fiscales que no saben ni lo que dicen", ha señalado, en referencia a la petición del Ministerio Público de pedir prisión provisional sin fianza para la madre de Maracena.

Además, ha destacado que a Juana Rivas hay que "bajarle los temores y subirle la autoestima", y le ha pedido que "no permita de ninguna de las maneras" que el padre "use a los niños" para hacer de ella "un títere a su servicio".

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Juana Rivas "está pagando un mal asesoramiento", pero que eso "no implica" que el juez "no entienda que está diciendo la verdad", porque, a su juicio, "todas sus actitudes confirman que es una mujer maltratada". "No conozco ninguna mujer maltratada que la primera vez que la peguen denuncie. A la gente hay que enseñarle a defender sus derechos y no a huir de la ley y de quien juzga", ha precisado.

Por otro lado, Del Campo ha subrayado que "se está pidiendo que se escuche al niño". "¿Por qué no hacen caso y que declare el hijo? ¿Por qué no quieren escuchar al niño?", se ha preguntado, al tiempo que ha resaltado que es "terrible" tener que oír al niño porque "no se crea a la madre".

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha advertido de que, aunque la legislación actual "permite" la protección de los menores, hay resoluciones judiciales que entienden que el conflicto de violencia de género "no perjudica la relación paterno filial".

"El maltratador puede seguir viendo a sus hijos y cuidando de sus hijos como si nada hubiera pasado. Ese es el estereotipo que se está aplicando muchas veces en los juzgados", ha criticado Soleto, destacando que la violencia de género es una situación "horrible" tanto para las mujeres como para los menores. Respecto a la petición de que se escuche al hijo de once años, ha comentado que la justicia "tiene que escuchar" a los menores dentro del proceso de protección del menor, porque "tienen derechos". "Estamos hablando de un niño de once años y el tribunal tiene que escucharle. Yo en el caso de Juana pediría lo mismo, que escuche al menor", ha sentenciado.

Por último, Soleto ha afirmado que las organizaciones feministas defienden la "máxima" de que un maltratador "no es un buen padre", y que "hay que evitar" que los hijos de las víctimas "tengan contacto con los maltratadores". "Estamos todas apoyando a Juana, a la espera de que la ley aplique lo que dice, que es que hay que proteger el interés del menor y que un maltratador no es buen padre", ha concluido.