Para el PI, esta planificación "debe distinguir y separar claramente las familias gitanas de los clanes de la droga, que utilizan a las primeras como barricada de sus acciones delictivas".

En un comunicado, el PI Palma ha recalcado que el desmantelamiento de Son Banya "debe ir acompañado de medidas de seguimiento, control y asistencia que aseguren la correcta y definitiva integración social de este colectivo y den tranquilidad a la población receptora".

"Exigimos a todas las administraciones competentes rigor y aplicación de los recursos suficientes en esta tarea y no que, como ha sido una constante en los últimos 40 años, unos y otros miren hacia otro lado, dejando toda la responsabilidad económica, social y logística al ayuntamiento de Palma, cuando la realidad es que nos enfrentamos a un problema de toda la sociedad mallorquina", han apuntado.

En este sentido, desde el PI creen que esta tarea se debe hacer con el apoyo de la Delegación del Gobierno, de la Fiscalía y de la administración judicial en cuanto al control, seguimiento y desmantelamiento de las redes y mafias de la droga.

"La condición esencial que se debe pactar con el colectivo gitano debe ser la de poder trabajar con las máximas garantías y facilidades con los menores, con aceptación de protocolos rigurosos de absentismo escolar y con implicación de los organismos responsables de aplicar los regímenes sancionadores: policía, fiscalía, jueces y administraciones responsables en materia de tutela y acogimiento, si estas medidas han de llegar a adoptar en casos extremos", ha indicado el PI.

Finalmente, el PI Palma ha pedido a la ciudadanía "colaboración, paciencia, buena voluntad y confianza en las instituciones".