La delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz, Gema Pérez, ha asegurado que esta instalación contaba con la documentación reglamentaria obligatoria tanto para su puesta en servicio -con fecha 11 de noviembre de 1993- como en lo relativo a las posteriores revisiones periódicas obligatorias, la última de las cuales se realizó en la fecha del 29 de julio de 2015, según ha informado la Junta en una nota.

Por otro lado, ha apuntado que según la documentación existente, en el momento del accidente no constaban deficiencias en el transformador.

La delegada ha recalcado que la Junta, en el marco de sus competencias y como hace habitualmente con este tipo de instalaciones eléctricas, controla el estado de este tipo de instalaciones, los transformadores de potencia, que son elementos muy fiables y seguros e imprescindibles para poder dar suministro eléctrico a los usuarios.

Pérez también ha informado de que hasta la fecha del accidente no constan denuncias contra el establecimiento hotelero en lo relativo a la prevención de riesgos laborales ni constan deficiencias al respecto. Pese a todo, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz investigará los hechos y emitirá un informe que será enviado posteriormente a la Fiscalía y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Recordar que CCOO envió la semana pasada una denuncia ante la Inspección de Trabajo para indicar que el lugar de descanso de los trabajadores no cumplía con la normativa.

Por otro lado, la delegada ha insistido en que continúa abierta una investigación sobre el accidente en la que la Junta participa y a la que aportará toda la documentación que sea requerida.

Asimismo, Gema Pérez ha querido reiterar este lunes el pésame de la Junta por el fallecimiento de dos jóvenes en el accidente y ha recordado que el gobierno andaluz participa en la investigación abierta para determinar las causas de siniestro.

Tal como se ha detallado desde la delegación, cualquier centro de transformación de empresa distribuidora necesita autorización administrativa conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

En la actualidad, la seguridad de las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por los centros de transformación viene garantizado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Para ello, se establece como documentación imprescindible la presentación en la Delegación Territorial de proyecto técnico, certificación de dirección de obra, certificado de instalador y verificaciones. Además, se debe presentar copia de las correspondientes declaraciones de conformidad de los componentes de la instalación que estén obligados a ello.