Así lo han indicado a Europa Press el portavoz del equipo de gobierno veratense, Francisco Vázquez, quien ha señalado que el Ayuntamiento se ha visto "obligado" girarle a los Prior el importe de las costas tras la decisión adoptada por un juez en un procedimiento "que no iniciamos nosotros" ya que "ellos fueron contra el Ayuntamiento".

El procedimiento resuelto en contra de los intereses de la pareja británica, que desde hace nueve años reside en un garaje de la localidad después de que su vivienda fuera objeto de un derribo cuya orden fue declarada nula por el Tribunal Constitucional; fue previo a la consecución de una nulidad de la licencia y la sentencia que dictara la responsabilidad patrimonial del Consistorio veratense, condenado posteriormente a abonar a los afectados 425.185,43 euros por la demolición.

"Nosotros no vamos en contra de los Prior ni de nadie, pero el juez los ha condenado porque, en este caso, no tenían razón", ha explicado Vázquez, quien ha señalado que ni el alcalde ni los concejales pueden hacer "caso omiso de la orden de un juez" ni hacer "dejación de funciones" a la hora de solicitar el pago de las costas.

La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) ha criticado el "calvario" que atraviesa el matrimonio, de 73 años de edad, después de haber recibido la carta de pago cuando perdieron su vivienda "ante una denuncia de la Junta de Andalucía por la ilegalidad de la vivienda municipal". En este sentido, la organización ha asegurado que, a día de hoy, ambos viven aún en un garaje desde hace nueve años.

"Esta situación es un vergüenza, los señores Prior son las víctimas pero están pagando un precio infinitamente más caro que cualquiera que haya sido declarado culpable de un delito urbanístico en la última década", ha considerado la presidenta de AUAN, Maura Hillen.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Vera mantiene un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia que le condena como responsable patrimonial a indemnizar con 425.185,43 euros la pareja por la demolición de su vivienda unifamiliar, la cual construyeron con licencia municipal de obras concedida por el Consistorio y que años después fue declarada ilegal. Pese a esta decisión, adoptada en abril del pasado año, desde el Ayuntamiento se trasladó que se trataría de abrir "vías amistosas entre las partes para llegar a un entendimiento".