La Asamblea Constituyente investigará los casos de violencia política ocurridos en Venezuela desde 1999, cuando asumió el poder Hugo Chávez, fallecido en 2013, anunció este martes su titular, Delcy Rodríguez.

El órgano realizará estas indagaciones en el marco de la "comisión de la verdad" propuesta por el presidente Nicolás Maduro a los asambleístas para fijar responsabilidades en delitos con fines políticos. "Es un instrumento muy poderoso para determinar la verdad, para determinar responsabilidades políticas y morales de aquellos que, amparados en poderes imperiales y en poderes fácticos, se han dedicado desde 1999 a subvertir el estado de derecho", dijo Rodríguez durante la segunda sesión de la Constituyente.

En la reunión se aprobó la ley marco de la "comisión de la verdad". Rodríguez agregó que esa instancia, que ella presidirá, representa un "paso histórico", si bien la oposición teme una "cacería de brujas". "Será un tribunal de inquisición para perseguir a quienes pensamos diferente", denunció la parlamentaria Delsa Solórzano.

A solicitud del constituyente y líder chavista Diosdado Cabello, los poderes públicos y demás instituciones estarán obligados a "colaborar" con las pesquisas. "Toda persona que deje de cumplir las obligaciones de colaborar o que obstaculice esas obligaciones incurrirá en hechos punibles", advirtió Cabello.

Maduro ha pedido en particular investigar los "crímenes de la derecha" -como se refiere a la oposición- durante protestas en su contra que dejan unos 125 muertos desde que se iniciaron, hace unos cuatro meses.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que en Venezuela hay unos 500 "presos políticos", entre ellos Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en manifestaciones contra Maduro que se cobraron 43 vidas en 2014.

Previamente, la Asamblea Constituyente aprobó un decreto en el que señala que todo "poder constituido está subordinado" a sus decisiones.

La Constituyente es denunciada por la oposición como una maniobra de Maduro para perpetuarse en el poder, a la vez que es desconocida por Estados Unidos, una decena de gobiernos de América Latina y bloques como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Los asambleístas volverán a sesionar el miércoles en una de las sedes de la petrolera estatal (PDVSA), y el jueves nuevamente en el salón protocolar del Palacio Legislativo, adjunto al hemiciclo de sesiones donde funciona el Parlamento de mayoría opositora.