Según el fallo, consultado por Europa Press y sobre el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, el acusado acudió a finales de marzo y principios de mayo de 2013 hasta la gasolinera y, mediante autoservicio, repostó gasóleo por valor de 55,02 y 63,48 euros, respectivamente, tras lo que abandonó el establecimiento sin pagar el importe.

Así, para no ser identificado y "poder cometer el delito", el acusado consiguió modificar la matrícula original del coche mediante "cinta adhesiva o aislante de los colores adecuados", sentido en el que trató de alterar algunos números, como hacer que un '9' aparentara ser un '8', y alguna de las letras, como una 'G' por una 'D' u 'O'.

Durante la sesión, los investigadores que declararon en el juicio apuntaron que tras ampliar las imágenes de la cámara de seguridad de la gasolinera para estudiar la numeración de las placas, lo que les permitió comprobar "con total nitidez" la manipulación de los caracteres. Así, aseguró que la alteración "era tan burda" que no fue necesario realizar demasiadas combinaciones para identificar correctamente el vehículo, máxime cuando hallaron un coche que coincidía en la marca, modelo y color con matriculación en Almería.

Aunque el acusado negó haber sido la persona que acudió a la gasolinera con el vehículo de su madre, ya que según alegó, en ese momento se encontraba "estudiando en Madrid", las imágenes registradas en el establecimiento pusieron en "duda" este extremo. En cualquier caso, el hombre afirmó que él era el conductor habitual del turismo, que tenía consigo en Madrid, toda vez que su presencia en Almería coincide con días festivos -Viernes Santo y el Día de la Comunidad de Madrid-, "lo que hace compatible con una posible presencia del mismo en la provincia".

El juez Fermín Javier Villarrubia abunda en la "difícil probabilidad estadística" de la coincidencia de las matrículas con la marca, modelo, color y población unida a la coincidencia de los días de comisión de los hechos con la posibilidad de que el acusado se encontrara en Almería para determinar la "singular potencia probatoria" que lleva a determinar que el acusado es el autor de los hechos.

Con esto, el juez, que tiene en cuenta una atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo en el que la causa ha estado paralizada, impone al acusado una pena de dos años de prisión por falsedad de documento oficial y una multa de 1.800 euros por el mismo delito, al tiempo que añade una segunda multa de 300 euros por una falta leve de estafa. Asimismo, reclama una indemnización para la gasolinera de 118,5 euros por el importe de los combustibles.