El concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha advertido de que "este cambio tendría consecuencias muy graves para un servicio tan básico como el transporte urbano tanto en Sevilla como en cualquier otra ciudad, dado que se trata de un servicio deficitario que no puede sobrevivir sin las transferencias públicas".

"Si persiste en su intención, tendríamos que aumentar las transferencias porque no queremos ni mermar la calidad del servicio ni subir las tarifas (en Tussam)", ha añadido el edil socialista.

Desde el PSOE exponen que las empresas gestoras de transporte urbano colectivo de viajeros reciben dos tipos de aportaciones por parte de las administraciones locales -transferencias corrientes para financiar el mayor coste de los servicios y transferencias recibidas específicamente para compensar los menores ingresos por títulos bonificados-, y la Agencia Tributaria del Estado no ha considerado sujeto a IVA el conjunto de las transferencias que integran el primer epígrafe, pero sí ha considerado sujetas a dicho impuesto las subvenciones a los títulos bonificados.

El 27 de marzo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en el asunto denominado 'Le Rayon d'Or', el nombre de una institución de tercera edad pública francesa que prestaba servicio a retirados y recibía una retribución del Estado francés. La sentencia consideró que esta cantidad, pagada a tanto alzado, debía integrar base imponible para el IVA.

Según expone el Grupo Socialista en un comunicado, los tribunales económicos administrativos de España aprovecharon la sentencia del caso 'Rayon d'Or' para modificar su criterio respecto a la tributación de las subvenciones a los servicios públicos. Pasaron a considerar que todo lo que se recibe desde la Administración como contrapartida a un servicio prestado constituye base imponible para el IVA. El único requisito que exigieron para someter las subvenciones al impuesto era que existiera un vínculo directo entre la prestación del servicio y la contrapartida económica que se recibía de la Administración, que se consideraba vinculada al precio.

Desde el verano del año 2016, la Agencia Tributaria del Estado, en una operación a nivel nacional coincidente con el anuncio por parte del Gobierno del Estado de una mayor necesidad de recaudación vía impuestos, comenzó a enviar requerimientos a las empresas gestoras del transporte urbano colectivo de viajeros. La inspección ha puesto el foco en las subvenciones recibidas por las empresas de transporte para financiar el servicio público.

Según el PSOE, pretende interpretar en su favor la sentencia y el cambio de criterio producido en los tribunales económicos administrativos españoles y someter al IVA las transferencias corrientes realizadas por parte de los ayuntamientos a las empresas gestoras de transporte urbano colectivo para financiar el mayor coste de determinados servicios.

"DETRIMENTO ECONÓMICO DE FINANCIACIÓN"

Si se acepta el criterio de la Agencia Tributaria, las transferencias corrientes para financiar el funcionamiento del servicio recibidas desde los ayuntamientos quedarían sujetas a un gravamen del diez por ciento. "Este nuevo criterio fiscal redundaría en un detrimento económico de financiación que disponen los ayuntamientos para la prestación del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros, agravando el problema de financiación preexistente y dando lugar al empeoramiento de un servicio tan esencial", ha remarcado Cabrera ante el Pleno.

El Estado "viene desarrollando una acción coordinada para obtener una mayor recaudación de las empresas públicas gestoras del transporte urbano colectivo de viajeros, gravando los recursos económicos que los ayuntamientos destinan a financiar dicho transporte, lo que supondría un detrimento en la calidad del servicio que reciban los ciudadanos y la necesidad además de que los ayuntamientos demandasen mayor participación en los fondos del Estado destinados a financiar el transporte".

La moción aprobada solicita al Estado que "ponga freno a esta ofensiva contra la capacidad financiera de los ayuntamientos para prestar servicio a los ciudadanos y que, por el contrario, demuestre mayor implicación en la financiación del transporte urbano colectivo, mediante la tramitación urgente de una ley de financiación del transporte público que incluya la participación de todos los niveles de gobierno, en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea". La moción socialista, de hecho, incluye esa exigencia de una implicación "real" del Estado en la financiación del transporte urbano.