Con esta medida, el IEA dejará de ser un organismo autónomo y pasará a estar integrado dentro de la Diputación de Almería, como ya ocurriese en 2014 con el Patronato de Turismo, reconvertido en el Servicio Provincial de Turismo. Con el cambio, se modificará la relación de puestos de trabajo, aunque se mantendrá el personal, que seguirá realizando las mismas funciones dentro del área de Cultura.

Los bienes del IEA se integrarán en el inventario de la Diputación Provincial y sus órganos colegiados, el Consejo Rector, el Plenario y los Departamentos del instituto, pasarán a ser órganos consultivos del área de Cultura, aunque se mantendrá la misma consignación.

El portavoz del equipo de gobierno del PP, Javier Aureliano García, ha declarado que la medida se ha tomado porque "por economía de escala, poner todos los recursos de la Diputación, más de mil trabajadores, es mucho mejor que dejar que estén tan solo los ocho trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el instituto".

García ha explicado también que "vamos a hacer un reglamento que va a ser el más abierto que pueda ser, con la participación de todas las fuerzas políticas y el Plenario del IEA. La intención es dar igual o más participación que la que tiene actualmente, que actúe como hasta ahora, pero con más recursos a su disposición: humanos, logísticos y económicos. Creemos que es la mejor opción y va a mejorar el IEA".

Además, ha revelado que los trabajadores del instituto han pedido su integración en la institución provincial "a través de un carta" y "en las reuniones que hemos mantenido con ellos", y ha recordado que "con el Servicio Provincial de Turismo es cuando más ha crecido el sector, cuando más se le está teniendo en cuenta y mejores decisiones se toman", consiguiendo también "un aumento del 50 por ciento de la participación".

Ciudadanos se ha mostrado a favor de que "se elimine este y todos los organismos autónomos, siempre que se haga de forma correcta". Opinión contraria a la de IU y PSOE, que han criticado que la medida no cuente con "el consenso de los miembros del IEA", además de considerar que restará autonomía al centro, mermará la participación y "perderá mucho por el camino".

GALASA

El orden del día también ha recogido el inicio del procedimiento de resolución por incumplimiento del convenio de colaboración entre la Diputación de Almería y los ayuntamientos de Armuña de Almanzora, Lúcar, Serón, Tíjola y Urrácal para la prestación de los servicios del ciclo integral del agua a través de la empresa Galasa.

La medida se ha tomado después de que estos cinco ayuntamientos no hayan aceptado la subida de la tarifa del agua en sus municipios que establecía Galasa y supone la salida de los mismos del servicio que presta la empresa pública, por lo que, a partir del 1 de enero de 2018, deberán asumir la gestión de dicho servicio.

El inicio de este procedimiento ha salido adelante con los votos a favor de los diputados del PP y las abstenciones de Ciudadanos e IU. La bancada socialista se ha mostrado muy crítica con la medida y han votado en contra de la salida de los cinco municipios de la red Galasa.

El portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha declarado que "es una ruptura unilateral del equipo de gobierno" y que "no se nos ha dado la opción de proponer otras tarifas", por lo que ha pedido "que se deje sobre la mesa este punto" para "negociar con cada municipio una tarifa ajustada al coste real del servicio".

Además, se ha mostrado contrario a que los ayuntamientos afectados sean sancionados económicamente por la ruptura del convenio y ha asegurado que la decisión "va a tener un trayecto largo fuera de esta sala, que no sabemos donde va a acabar, y no creo que sea el objetivo de una Diputación pleitear contra los municipios. Esto tiene mucha tela que cortar y la tendrá en el futuro".

El portavoz del PP, Javier Aureliano García, ha afirmado que "traemos este punto porque no nos queda más remedio" porque "hemos intentando llegar a un acuerdo" para actualizar las tarifas y que sean iguales en todos los municipios de la Red Galasa en el Almanzora, ya que "no es justo que unos vecinos paguen 7,92 euros, cada dos meses, por veinte metros cúbicos de agua, una tarifa plana totalmente desproporcionada, mientras que otros pagan 36 euros por el mismo servicio. Queremos cobrar el coste real de cada litro de agua que salga por el grifo".

La actualización de las tarifas del servicio de agua es uno de los requisitos aprobados en Pleno para dotar de equilibrio a la empresa Galasa y ha contado con el visto bueno de "la mayoría de los municipios, a excepción de estos cinco, que son una minoría". García ha asegurado que detrás de esta polémica se esconce "la privatización del servicio del ciclo integral del agua, que nosotros queremos seguir prestando desde lo público".

En cuanto a las sanciones que se aplicarán a los municipios que han roto el convenio con Galasa, García ha explicado que responden a "trabajos que la empresa ha hecho en estos pueblos", como la instalación de nuevos contadores, con una "vida útil de ocho años", el pasado ejercicio, o a las actuaciones de mejora acometidas en la red. La cuenta que le pasamos a los ayuntamientos responde a la amortización del servicio que ha prestado Galasa".

Así, el Ayuntamiento de Armuña de Almanzora suma una deuda de 466.167,43 euros; el de Lúcar, de 974.526,08 euros; el de Serón, de 2.289.300,27 euros; el de Tíjola, de 1.544.936,65 euros; y el de Urrácal, de 492.698,04 euros.

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Pleno de la Diputación de Almería ha dado el visto bueno, por unanimidad, al Plan de Eficiencia Energética de 2017, que permitirá a 24 municipios de la provincia acceder a unas ayudas de un máximo de 20.000 euros para la sustitución del alumbrado interior de los edificios municipales, con el objetivo de reducir el consumo energético.

La propuesta está limitada a los ayuntamientos que no se beneficiaron de este plan en 2016 y que no se han incluido dentro de la convocatoria de Fondos Feder para el Plan de Consumo Bajo en Carbono. En este caso, han sido 33 los municipios incluidos en esta propuesta, que espera estar resuelta en octubre y supondrá una inversión de la Diputación Provincial de 2.500.000 euros.

IU y PSOE han votado a favor de la medida, aunque han calificado de "insuficiente" la partida destinada al plan, de 200.000 euros, porque "los municipios irán al máximo y sólo se beneficiarán diez", de los 24 que pueden optar a la convocatoria. Además, Juan Antonio Lorenzo, del PSOE, ha pedido iniciativas similares que incluyan a los municipios de menos de mil habitantes.

En otros asuntos, también ha salido adelante una propuesta de Ciudadanos para el apoyo a la solicitud de creación de una Ley de Regulación de la Educación Social que ha presentado el Consejo General de Colegios de Educadores Sociales, al considerar necesario "implementar y regular el trabajo de estos profesionales".

En el apartado de Personal y Régimen Interior se ha aprobado una modificación de la relación de puestos de trabajo y funciones de los empleados de la Diputación Provincial, adscritos al área de Fomento; se ha rectificado el inventario de bienes en referencia a 2016; y se ha aceptado la encomienda de gestión del Ayuntamiento de Fines para la administración electrónica.