Junqueras y Puigdemont
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en una reunión del Govern. EFE

Junts Pel Sí y la CUP han aprobado este viernes el llamado Código Tributario de Cataluña, que supone el primer paso del proceso secesionista, con la construcción de la Agencia Tributaria Catalana, entre otros puntos.

Salió adelante con gracias a los 71 votos favorables de los partidos del Govern y el diputado no adscrito Germà Gordó, y los 62 contrarios de CS, PSC, SíQueEsPot y PP. Ambos grupos consideran que esta ley es la base para la construcción de la Hacienda catalana, considerada una de las estructuras fundamentales del estado.

La ley crea el Consejo Fiscal de Cataluña, como máximo órgano consultivo y de asesoramiento en materia de fiscalidad, y un Instituto de Investigación Fiscal y Estudios Tributarios de Cataluña, que tiene como objetivo ser referencia en el debate en este ámbito

Esta norma respeta las comptencias de las autonomías para impedir que sea anulada por mandato del Constitucional. Forma parte de una de las tres leyes de 'desconexión' que quieren hacer los soberanistas: las otras dos son la que crea una seguridad social catalana y la que plantea un régimen de transitoriedad jurídica para cuando se declare la independencia de Catalunya.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el órgano consultivo de la Generalitat, emitió la semana pasada un dictamen que alertaba de que un artículo de la ley y tres disposiciones adicionales vulneraban la Constitución Española y el Estatut.

Consideró que la norma vulnera el principio de seguridad jurídica porque no cita de forma explícita la Constitución y el Estatut, y también falló contra el sistema de acceso a los cuerpos superiores de inspectores, técnicos y gestores tributarios de la Generalitat por no garantizar el principio de igualdad.

Por otro lado, la  Ley de Referéndum de Autodeterminación, que entrará el lunes en el registro del Parlament y que aún no está tramitada, ha sido suscrita este jueves por todos los diputados independentistas de Junts pel Sí y de la CUP, según han indicado fuentes de ambos grupos.

La tramitación parlamentaria de la norma no se iniciará hasta que la Mesa decida su "admisión a trámite" en una reunión y ordene su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC).

En fechas

Los grupos de Ciutadans (C's) y del PSC han pedido este mediodía, en una reunión ordinaria de la Mesa tras el último pleno del actual período de sesiones, que la Mesa se vuelva a reunir el lunes para "calificar" la Ley del Referéndum y empezar su tramitación formal, pero la mayoría de JxSí ha rechazado esta posibilidad.

la Mesa no volverá a reunirse hasta el 16 de agosto, el primer día hábil establecido tras la reforma del ReglamentoEn consecuencia, la Mesa del Parlament no volverá a reunirse hasta el 16 de agosto, coincidiendo con el primer día hábil establecido tras la reforma del Reglamento del Parlament que se aprobó el pasado miércoles.

Será, en cualquier caso, en la primera reunión de la Mesa en la que sus integrantes deberán pronunciarse sobre la admisión a trámite de la ley, y de ser aceptada, pasaría a recibir el mismo tratamiento que el que reciben todas las proposiciones de ley.

Si el recurso anunciado por el Gobierno contra la reforma del Reglamento comportase la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional, ello supondría que volvería a estar vigente el anterior texto.

JxSí y la CUP podrían pedir una tramitación urgente de la ley, pero los grupos de la oposición tendrían derecho a disponer de los plazos de tiempo reglamentarios para presentar enmiendas.

En la reunión ordinaria de la Mesa celebrada este mediodía también se ha debatido la solicitud de la CUP de aprobar un protocolo que indique cómo debe actuar el Parlament si la Guardia Civil u otro cuerpo de seguridad del Estado desea entrar en la cámara, tal y como ocurrió días atrás para obtener información de un diputado investigado por el caso del 3%.

La Mesa ha acordado dejar esta cuestión del protocolo pendiente de resolver para la siguiente reunión de este órgano de gobierno de la cámara legislativa catalana.

Reacciones

La diputada de JxSí Maria Senserrich ha destacado que esta ley pone las bases de una estructura de estado, ya que cree que Catalunya debe gestionar por sí misma el sistema fiscal y la hacienda "para garantizar los servicios públicos de calidad, atender necesidades básicas de personas vulnerables y generar riqueza para poderla redistribuir", algo que considera no puede hacer dependiendo del Estado.

La oposición lamenta la norma por ser "un instrumento al servicio de la secesión"

La CUP, en palabras de su diputada,  Eulàlia Reguant ha sostenido que la medida aprobada avanza en los objetivos de los independentistas de ser capaces de recaudar todos los impuestos de los catalanes, disponer de todo el personal necesario y hacer un censo de los contribuyentes, pero que "se queda un poco corta" y ha reclamado la necesidad de crear un banco central catalán y una banca pública.

Antonio Espinosa, de Ciudadanos, ha defendido que este Código Tributario "no pretende ordenar el sistema tributario de Catalunya, es un instrumento al servicio de la secesión", y en la misma línea, la diputada del PSC, Alicia Romero, ha reprochado a los soberanistas no haber cumplido con el dictamen del Consell, por lo que se genera una "enorme confusión" en todos los ámbitos.

Àngels Martínez (SíQueEsPot) ha lamentado que no se ha aprovechado la norma para introducir mejoras para la redistribución de los impuestos que acaben con la sensación de los ciudadanos de que "pagan al mismo nivel que Suecia y tienen los mismos servicios que Marruecos". Por otra parte, el Partido Popular considera que la norma "diseña una administración desmesurada por las competencias que tiene la Generalitat".

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