De esta manera, se trata de resolver la inseguridad jurídica que se plantea ante la existencia de "sentencias contradictorias" y la "ausencia de una posición común en los órganos judiciales", lo que genera incertidumbre para las administraciones y para los propios ciudadanos, ha explicado en un comunicado la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador.

La Junta de Gobierno Local ha acordado este jueves iniciar los trámites para elevar esta cuestión al Tribunal Supremo a través de un recurso de casación en relación a la sentencia dictada el pasado 14 de junio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander.

Según ha recordado la edil, esa sentencia considera que, tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre la regulación del impuesto de la plusvalía, no cabría seguir liquidando este tributo en ningún supuesto en tanto no se establezca una nueva regulación, ni siquiera en los casos en que hay incremento de valor.

Esta interpretación choca sin embargo con la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que establece que el impuesto sigue siendo aplicable, salvo en los casos en los que se acredite que no haya habido incremento de valor.

Ante esa falta de unidad, el Ayuntamiento ha acordado presentar un recurso ante el Supremo en el que solicitará la anulación de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 y que el Alto Tribunal fije el criterio de interpretación en la aplicación del impuesto.

Desde el Consistorio se considera que el fallo del juzgado santanderino vendría a contradecir la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló el impuesto de la plusvalía sólo en aquellos supuestos en los que no haya existido un incremento de valor.

Y se entiende que una interpretación como la realizada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, invalidando el impuesto en todos los supuestos, no sólo chocaría con lo dictado por el Constitucional, sino que perjudicaría los intereses generales y la labor de las administraciones municipales.

Por ello, se considera imprescindible un pronunciamiento del Supremo para reconducir los planteamientos de la sentencia del juzgado santanderino.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha adoptado hoy un acuerdo para mostrar la conformidad del Ayuntamiento con el desistimiento del Gobierno de Cantabria en relación al procedimiento que se seguía en la Audiencia Nacional en relación al proyecto de estabilización de las playas de la Magdalena, Bikinis y Los Peligros, una vez resueltas extrajudicialmente las diferencias entre las administraciones regional y central.