Explica que "los viticultores están recibiendo ya las cartas de resolución de la Consejería a su solicitud de nuevas autorizaciones administrativas de viñedo".

Algunos de ellos, "jóvenes instalados como agricultores profesionales este año", han trasladado su malestar a ARAG-ASAJA "por no entender los motivos de su denegación, en concreto por no considerarles jefes de explotación habiendo presentado la solicitud en esos términos, tal y como exige la orden de convocatoria".

Otro motivo de rechazo, indica, está siendo "la inadmisión total de la superficie alegada, sin haber informado previamente de los motivos para dar derecho a alegaciones y desconociendo las razones de la resolución".

Por estos motivos, la organización agraria vuelve a reclamar a la Consejería de Agricultura "cuáles han sido los criterios generales del proceso de reparto que ha enviado al Ministerio y que han dado lugar a estas resoluciones".

En este mismo sentido y de cara a la convocatoria del año que viene, que ya está siendo debatida en el Ministerio de Agricultura, ARAG-ASAJA pide conocer "cuáles serán los nuevos criterios que enviará La Rioja y espera que se tengan en cuenta parámetros que prioricen a los viticultores profesionales por encima de los que no lo son".

Los criterios que viene solicitando ARAG-ASAJA desde 2015 son "que a los beneficiarios se les exija tener la capacidad y competencia profesional adecuada mediante la acreditación de la experiencia con un mínimo de cinco años que se demostrará a través de la cotización a la seguridad social agraria, pagos de seguros, ingresos agrarios, etc".

En el caso de que no se pueda acreditar dicha experiencia a lo largo de todo el periodo de 5 años, "el viticultor podrá convalidar el periodo no acreditado con un curso de 30 horas de duración por cada año que no haya podido acreditar".

Por otro lado, ARAG-ASAJA viene solicitando también "la aplicación de nuevos criterios de prioridad, como el reparto hacia aquellas explotaciones pequeñas y medianas que tengan viñedo, tales como explotaciones de un máximo de 50 hectáreas de superficie incluidos todos los usos y cultivos".

Además, la organización agraria ha propuesto también "la limitación en la concesión de una superficie máxima por solicitante, tal y como se expuso a la directora general de la Comisión Europea durante la reunión que mantuvieron con ella en Bruselas representantes de la organización el pasado mes de abril".