Esta misma decisión la han tomado la mayoría de comunidades autónomas y diez de ellas han acusado a la ministra del ramo, Fátima Báñez, de "haber roto el acuerdo de diálogo y consenso" alcanzado en la Conferencia de Presidentes, celebrada en enero.

De esta forma, representantes de diez comunidades autónomas de distinto signo político han mostrado este miércoles su rechazo a la propuesta de la Estrategia Española de Empleo porque "no ha sido ni negociada ni consensuada con la mayoría de las comunidades autónomas".

Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, las mismas comunidades han acordado rechazar el reparto de fondos que el Ministerio de Empleo proponía en el seno de la Conferencia Sectorial, según ha informado la Junta en nota de prensa, que ha añadido que los representantes autonómicos han considerado que Báñez ha obviado a las comunidades.

Extremadura, junto a la mayor parte de las comunidades, ha rechazado el diseño de la Estrategia por no centrarse en "asuntos fundamentales", tales como las políticas dirigidas a los colectivos prioritarios (jóvenes, mayores de 45 y parados de larga duración) y no apostar por políticas que luchen contra la precariedad laboral, la temporalidad y la parcialidad, así como la devaluación salarial y el "recorte" que han sufrido las prestaciones y subsidios.

Además, esta estrategia supone una prórroga de la de 2012, así como una "continuidad de las políticas de austeridad auspiciadas por la Reforma Laboral, aún en un contexto de crecimiento económico".

Por otra parte, la Estrategia, en opinión de la Junta, pone en evidencia la voluntad del Gobierno de "reducir los servicios públicos de empleo en favor de empresas privadas de colocación, que ahondarán en el debilitamiento de los servicios públicos y debilitarán aún más la situación de los colectivos más vulnerables".

Por ello, estas comunidades han presentado un documento alternativo a la Estrategia propuesta, que plantea políticas "más inclusivas".

Por todo ello, estas comunidades también han rechazado el reparto de fondos de la Conferencia Sectorial, al "no existir un compromiso financiero real", más allá del mantenimiento de los niveles actuales de financiación, que son "insuficientes y muy por debajo" de los 3.200 millones de 2011. Esto es 1.400 millones más que el presupuesto actual presentado por el Ministerio.

En este sentido, los gobiernos autonómicos han considerado que las comunidades no son "meras subcontratas que distribuyen el dinero que reparte el Ministerio, sino que son responsables y competentes en materia del diseño y ejecución de las políticas activas, lo que implica una responsabilidad en la distribución de estos fondos".

Estas comunidades (Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana) reclaman una vez más a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que convoque a la Comisión de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes para replantear y pactar una Estrategia que "se adapte a la situación del mercado actual y a las realidades de cada comunidad autónoma".