Así lo ha explicado durante su declaración, que se ha prolongado por algo más de dos horas, como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que se encarga de la instrucción de la denominada 'trama eólica' sobre autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad.

Según ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el abogado de Ecologistas en Acción -que ejerce la acusación popular-, Emilio Martínez, el delegado de la filial ha admitido que había una "sugerencia", que Ricardo Bravo ha denominado "condición necesaria", por parte de la Junta para buscar un "socio local" con el fin de agilizar la tramitación de los parques eólicos.

En este sentido, el letrado Emilio Martínez ha admitido su sorpresa por una cuestión que ha calificado como "perturbadora" al entender que hoy en la vista se ha escenificado como las "grandes eléctricas españolas" admiten como "algo lógico y normal" la imposición en la manera de "hacer negocio". "Admiten, sin ningún tipo de rechazo, el que funcionarios de mayor o menor grado les impongan con quién, cómo y los costes de los negocios que emprenden", ha continuado para apostillar que es algo que "personalmente" le parecía "insólito".

A la hora de ser preguntado sobre si era el exconsejero Tomás Villanueva el que hacía esa "sugerencia", el abogado de la acusación popular ha aludido a la 'omertá' -o espiral del silencio acuñado por la mafia siciliana- al entender que de sus declaraciones se infiere que en todas las "instancias" se encuentran el mismo "estado de cosas".

No obstante, ha insistido en que lo que parece "sorprendente" después de la testificación de Ricardo Bravo, es que Iberdrola asume como algo "absolutamente normal" una situación que tendría "encaje" en el código penal, si bien "nadie" se "atreve" a decirlo "directamente".

Durante la vista, también han testificado dos de los tres hermanos Llorente, de Inverduero. En este sentido, Emilio Martínez ha resumido su comparecencia asegurando que se han pasado "la pelota" unos a otros.

Así, la defensa de los administradores y propietarios de Inverduero, se ha limitado a sostener que todas las operaciones se han desarrollado en el marco de la "actividad normal" de la empresa y que todas se han realizado con "normalidad" y "escrupuloso respeto" a la legislación vigente y "de acuerdo" a criterios de mercado.