Esta iniciativa deriva de una proposición no de ley relativa al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos baleares que cumplen pena de prisión fuera de España aprobada por unanimidad en 2013 por la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament, en la que se instaba al Ejecutivo autonómico a reforzar el apoyo a estos ciudadanos mediante la firma de convenios de colaboración con las entidades sociales que trabajan en ello en el ámbito de los derechos humanos.

La propuesta surgió después de la visita que hizo al Parlament un representante de la Fundación +34 para explicar su proyecto, que consiste, fundamentalmente, en la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos de estas personas que cumplen penas de prisión en el extranjero, el asesoramiento y la ayuda a los familiares, y promover su reinserción cuando regresen a España o la integración en la comunidad en la que residen.