Durango
Presentación de los actos de conmemoración del bombardeo de Durango. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Un juez de Durango (Vizcaya) ha abierto una investigación por un delito de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los aviadores italianos que participaron en los bombardeos que, entre marzo y abril de 1937, en plena Guerra Civil, causaron más de 300 muertos en esta población vizcaína.

Según la querella, sobre Durango se arrojaron 281 bombas, que sumaban 14.840 explosivos y afectaron a 321 edificios, de los que 70 fueron derribados, mientras que tres iglesias acabaron totalmente destrozadas, lo que en daños económicos se estima en 4,2 millones de euros.

Los principales bombardeos se concentraron el 31 de marzo de 1937 en dos pases aéreos que sobrevolaron el cielo de Durango a las 08:30 y las 16.30 horas, el primero de los cuales se cebó en el casco viejo del municipio y sorprendió a la mayoría de los vecinos "en casa y en sus quehaceres diarios", sostiene la querella.

El juez decidirá si se cita a los aviadores como investigados, en concepto de autores

En su escrito, el juez remarca que los hechos relatados en la querella presentada por el consistorio de Durango son relativos a los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y delito contra las personas, por lo que acuerda la práctica de cuantas diligencias se estimen necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados.

Como primera diligencia, el juez ofrece a los querellantes una comparecencia para ratificar el contenido de su escrito, en el que el consistorio se persona como acusación particular como perjudicado por el bombardeo del Ejército italiano, considerado por algunos historiadores como el primero de la historia sobre población civil.

La querella, redactada por la abogada barcelonesa Anaïs Franquesa, se suma a la que la asociación de italianos antifascistas Altra Italia presentó por los bombardeos de la aviación italiana a Barcelona entre 1937 y 1939 y que ha dado pie a la primera investigación abierta en España por los crímenes de la Guerra Civil.

La denuncia del Ayuntamiento de Durango, al dirigirse contra 46 militares italianos, ha logrado sortear los límites de la Ley de Amnistía de 1977, que de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo impide las acciones entre españoles por hechos acontecidos en la Guerra Civil.

Además, la querella viene documentada con un trabajo de investigación previo del historiador Jon Iriazabal, que ha dado con los nombres de los militares que participaron en los bombardeos a través de las cartillas de vuelo que custodia el Uficcio Storico de Operazione Militari Spagna, con sede en Roma.

El objetivo de los ataques era provocar terror en la población civil

Tras tomar declaración a los querellantes, el juez decidirá sobre el resto de diligencias solicitadas por el consistorio, entre ellas que se cite a los aviadores como investigados, en concepto de autores, cómplices o cooperadores necesarios.

Los querellantes sostienen que los ataques aéreos de la Aviazione Legionara supusieron una "intervención militar extranjera ilegal", sin que mediara ninguna declaración de guerra a Italia, y apuntan a que los aviadores usaron nombres en clave y ocultaron las matrículas en una "muestra clara de que diseñaron y perpetraron tales hechos conociendo claramente su carácter prohibido por el derecho internacional".

El objetivo de los ataques era "provocar terror en la población civil", sostienen los denunciantes, que recuerdan que Durango "no era zona de frente de guerra" durante la contienda y que los bombardeos sobre población civil "violaban al mismo tiempo las leyes y usos de guerra aprobados en la convención de La Haya de 1899".

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