La Comisión de investigación sobre el uso político de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior ha concluido que sí se utilizó para perseguir a los adversarios políticos y que hubo un "abuso de poder" por parte de sus responsables.

Así lo ha anunciado este jueves el diputado del PSOE Juan Carlos Campo, el primero en intervenir ante la prensa una vez concluidos los trabajos y ha dicho que el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

De este modo, la Comisión ha aprobado un dictámen por acuerdo mayoritario en el que bajo el mandato de Fernández Díaz "usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo", se creó una estructura bajo las instrucciones del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó para perseguir a adversarios políticos.

En la comisión, el diputado popular Carlos Rojas ha acusado a toda la oposición de querer asilar a su partido con "un paripé".

Rojas ha querido dejar claro que su partido no ve "caso ni causa" en esta investigación" y ha resaltado el trabajo "riguroso" que ha hecho su grupo, que concluye que no hubo responsabilidad política y que todo con lo que se quería acusar al PP era "incierto".

"No hay caso ni causa, no hay responsabilidad política. Ha sido una quimera más de algunos grupos intentando desgastar al PP", ha continuado Rojas, para quien "no ha habido policía política ni utilización partidista del Ministerio del Interior" ni tampoco lo que se ha denominado "operación Cataluña".

Lo que sí ha habido, en su opinión, es un "partidismo político" de algunos para, "de paso, desprestigiar a las fuerzas de seguridad".

El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha justificado su abstención en la percepción de su grupo de que no ha existido una brigada de policía política como tal, sino una dejación de funciones en quienes dirigían el Ministerio y no controlaron lo que estaban haciendo algunos de sus

No ha sido aceptada la propuesta de Podemos de llevar las conclusiones a la Fiscalía, pero este partido ha anunciado que presentará una querella para que se depuren las posibles responsabilidades criminales, una vez que la Comisión ha constatado las políticas, que personaliza en Fernández Díaz, en el exdirector de la Policía Ignacio Cosió y en su ex número dos Eugenio Pino.

El dictámen concluye que bajo el mandato de Fernández Díaz, "usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura bajo las instrucciones de Cosidó, por orden de Pino, con el conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular".

También se menciona una estructura creada para el seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos, como el PSOE, Podemos o el nacionalismo catalán.

Además, el dictamen incluye también un punto en el que se menciona la "poca colaboración" del Gobierno a la hora de remitir la abuendante documentación solicitada por lso grupos.

Desde el PSOE se ha mantenido que el dictamen pone de manifiesto "una de las piezas más negras de la democracia", pero al mismo tiempo, apuntan, "el Estado de Derecho ha salido fortalecido".

Otro de los diputados socialistas, David Serrada, ha explicado que los trabajos de la comisión han dejado claro que hubo "mucho amiguismo" en esa estructura policial y ha indicado que no se ha responsabilizado a los secretarios de Estado de Seguridad porque no se ha acreditado que hubiera una implicación clara en esos hechos.

Desde Podemos, Irene Montero y Gloria Elizo han resaltado que las conclusiones de la comisión reflejan los "ataques directos" a su formación con los informes policiales PISA y Europacific y han añadido que, aunque están satisfechas con el dictamen, lo consideran insuficiente y creen que los trabajos deberían haber continuado.