Así, HIC que "el modelo actual" ha llevado "a la saturación y masificación en Baleares" por parte de la actividad turística, "generada por un modelo de explotación que, a modo de monocultivo, favorece el interés corporativo y la inversión especulativa por encima de los derechos sociales", según informa 'Ciutat per a qui l'habita' en un comunicado.

Según ha señalado HIC, en los últimos años, el uso de viviendas con fines turísticos "ha profundizado esta problemática y aumentado la violación del derecho a la vivienda", en un contexto de crisis económica que ha precarizado la vida de la mayoría afectando especialmente "a las personas jóvenes que encuentran limitaciones para emanciparse, personas mayores que dependen de una pensión reducida, familias monoparentales encabezadas por mujeres así como a personas migrantes con rentas bajas".

El modelo actual es "insostenible y cortoplacista, y exacerba los problemas que se arrastran desde la anterior crisis pues el modelo turístico está reanimando la compraventa de vivienda, disminuyendo el número de hogares en alquiler, disparando el precio de las rentas y atrayendo a fondos que sólo buscan el beneficio privado y que lamentablemente están muy lejos de permitir que la vivienda cumpla su función social", han agregado al respecto.

Con todo, HIC ha remarcado que tanto la Constitución nacional (en su artículo 47) como el Estatut d'Autonomía de Balears (en su artículo 22), incluyen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada así como tomar las medidas adecuadas para hacer efectivo este derecho.

LEY DEL ALQUILER VACACIONAL

En esta línea, se han referido a la Ley sobre el alquiler turístico que pretende regular esta práctica y que, según constantan, "reconoce la existencia de la problemática de los apartamentos turísticos, pero lamentablemente no establece una moratoria que permitiría frenar el crecimiento de viviendas de alquiler turístico y la especulación".

Asimismo, han señalado que la ley "tiene consecuencias perversas, al permitir el alquiler en pisos en ciertas zonas y en otras no y, en lugar de mantener la prohibición actual, traslada la responsabilidad de decisión de la Administración pública a las comunidades de vecinos, lo que afectará a la convivencia de la ciudadanía", han criticado al respecto.