El Gobierno alemán ha advertido este jueves que, a la luz de los últimos acontecimientos en Turquía, no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni de sus empresas allí y ha anunciado que revisará sus relaciones con ese país.

El ministro de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, lanzó esta advertencia, consensuada, según explicitó, entre la canciller Angela Merkel y el líder socialdemócrata Martin Schulz, tras el encarcelamiento de seis activistas de los derechos humanos, entre ellos un ciudadano alemán.

El Ministerio de Exteriores había trasladado ya ayer a Ankara, a través del embajador turco en Berlín, su "indignación" por esas detenciones y exigido la liberación inmediata de los activistas.

"No podemos continuar como hasta ahora, debemos ser más claros para que los responsables en Ankara entiendan que una política de ese tipo tiene consecuencias", subrayó Gabriel, convencido de que la actitud de Turquía vulnera los valores europeos y también los de los aliados de la OTAN.

Como primer punto, se dirigió a las empresas alemanas, porque, señaló, "nadie puede aconsejar inversiones en un país cuando no hay seguridad jurídica" y cuando se acusa a empresas inocentes de estar cerca de organizaciones terroristas.

Ayer mismo, el semanario "Die Zeit" informó de la existencia de una lista con varias empresas germanas a las que Ankara atribuye vínculos con el terrorismo, desde grandes consorcios como Daimler y BASF, hasta modestos comercios de comidas rápidas o particulares.

Como segundo capítulo, subrayó el ministro alemán la necesidad de revisar en la UE las ayudas que recibe Turquía como país candidato a la adhesión, y, en tercer lugar, anunció el endurecimiento de los consejos a los alemanes que quieran viajar a Turquía. "El caso Steudtner muestra que los ciudadanos alemanes no están a salvo de detenciones arbitrarias", recalcó Gabriel, quien señaló que el Gobierno debe poder garantizar la seguridad de sus compatriotas.

Steudtner fue a Turquía para participar como asesor en un seminario y fue encarcelado acusado de vínculos terroristas junto a otros cinco activistas de Amnistía Internacional (AI).