En ese periodo, según ha informado UGT en nota de prensa, en Castilla-La Mancha "se cerraron o privatizaron las residencias universitarias y la mayoría de residencias escolares" -IES Juan de Valdés, María de Molina, Juan Giménez Aguilar, Alonso de Ojeda y Bartolomé de Cossío, en la provincia de Cuenca; las residencias universitarias de las provincias de Albacete y Ciudad Real; y las residencias escolares de Nuestra Señora de las Nieves, de Albacete; Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, de Hellín; y del I.E.S. Virgen de las Cruces, de Daimiel-.

Ello derivó en un cambio de puesto de trabajo y sobre todo de condiciones laborales de unos 207 empleados públicos, algunos de los cuales no recibieron por aquella administración la compensación "legalmente establecida".

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, según Monforte, "ha estado trabajando desde entonces con sus servicios jurídicos para defender los derechos de estos trabajadores, y ha sido recientemente cuando este sindicato ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha establezca de forma clara y rotunda el criterio a seguir".

Dicho criterio vendría a determinar que los empleados públicos afectados por planes de recursos humanos deben seguir percibiendo sus retribuciones íntegras, independientemente de que estas sean fijas o variables.

Según el sindicato, las últimas sentencias de los juzgados de lo social están reproduciendo "literalmente" la doctrina expresada por el TSJ-CLM, lo cual ha motivado a UGT a entablar negociaciones con la Administración regional para "evitar que los trabajadores, al calor de las sentencias judiciales, tengan la certeza de que tienen derecho a una recuperación salarial, y para ello deban iniciar procesos judiciales".

En lo que Monforte no ha dudado en calificar como "un gran gesto de buena voluntad por parte del gobierno castellano-manchego que los trabajadores agradecen y que pone fin a lo que para algunos ha supuesto un calvario de años", se materializa el "éxito de años de trabajo" de esta organización, gracias a que el Gobierno regional acepta actuar de oficio reparando los derechos económicos de todos los afectados.

Y los repara, "independientemente de que hubieran iniciado o no procesos judiciales, independientemente del estado de tramitación de los mismos, independientemente de la causa que motivara el detrimento económico".

Según ha concluido el representante de UGT, se trata de "una reparación de derechos que va mucho más allá de la gran repercusión que hoy tiene para los trabajadores afectados, ya que marca el camino a los gestores de las administraciones públicas en materia de gestión de recursos humanos, y que anima a seguir defendiendo las condiciones de trabajo y derechos de los compañeros, por muchos sacrificios que haya que hacer durante estos tediosos procedimientos".

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