La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha defendido este jueves que el contrato de Mercamadrid y Mercaocio estaba avalado por los informes técnicos (en los que no participó), ha rechazado que ese acuerdo suponga daño patrimonial de 11 millones de euros a las arcas municipales y ha confesado sentirse "indignada" por la decisión de la Fiscalía de aceptar la denuncia cursada con intención "torticera" por parte del equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid de incoar diligencias por presunto delito societario contra Dancausa, en su etapa en la sociedad mixta en 2013, y otros exmiembros del consejo de administración de Mercamadrid, tras la denuncia cursada por la Fiscalía Provincial de Madrid.

Esa actuación se produjo después de que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la actual presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, a la Fiscalía Anticorrupción por presunta irregularidades en relación al contrato de Mercamadrid y Mercaocio, que acarrearía un perjuicio patrimonial de 11 millones de euros en 2013.

"Nunca he hecho nada ilegal, ni he utilizado los cargos que he ocupado en mi propio beneficio o para dar ventaja a terceros. Al contrario, siempre he buscado el interés general y he trabajado desde un escrupuloso respeto a los procedimientos legales establecidos y desde la más absoluta lealtad institucional", ha aseverado la delegada del Gobierno.

A su vez, ha explicado que es importante incidir en que se trataba de una operación a tres bandas (Mercamadrid, Mercaocio y Mercasa) que era "beneficiosa" para Mercamadrid porque iba a evitar un litigio que se podía "perder" un litigio con Mercaocio desde 2011 que hubiera supuesto pagar 8 millones de euros. También implicaba recuperar una deuda de 700.000 euros que mantenía la entidad con Mercamadrid.

En su intervención, ha asegurado que los acuerdos adoptados para llevar a cabo esta operación, procedían de la Comisión Ejecutiva de Mercamadrid, en la que nunca participó, y se sostenían en los informes jurídicos y económicos favorables de los técnicos.

Todos los acuerdos, ha indicado la delegada, cumplían con los "requisitos legales y de transparencia" que se exigen a las empresas públicas municipales del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de garantizar el "mejor interés de los ciudadanos". Además, ha subrayado, contaron con 18 votos a favor -incluida la representación de Mercasa-, y ninguno en contra.

La operación, a juicio de Dancausa, resultaba "claramente beneficiosa para Mercamadrid" porque con ella "se ponía fin al litigio existente con Mercaocio desde el año 2001, que podía suponer un coste de ocho millones de euros más intereses" y se daba uso a unas naves "cerradas desde 2004".

Por otro lado, ha comentado que no ve "en qué sentido es incompatible" su actividad como delegada del Gobierno con la investigación judicial, al tiempo que ha reiterado que está "investigada" y no "imputada", ya que esta palabra "está cargada de connotaciones negativas".

El diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón ha ironizado con que los contratos con Mercaocio podrían ser "el único acuerdo limpio" de Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González encarcelado como él por el caso Lezo.