El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, el 7 de julio de 2017, se encontró con la víctima y su amiga sobre las 6.00 horas en un bar, donde consumió cocaína. Allí estuvieron hasta que el acusado, la víctima, su amiga y un amigo del primero decidieron ir a otro local de la calle Gascona.
En este último establecimiento, el acusado y la víctima se dieron un beso en el baño, tras lo cual, ante las manifestaciones de la chica de querer marcharse a casa, él se ofreció a llevarla. Una vez en el coche, tras parar en las confluencias de las calles Santa Susana y El Rosal, el acusado le dijo que si daban una vuelta, ya que él tenía que entrar a trabajar al cabo de una hora, a lo que ella accedió, si bien le dijo, como había hecho reiteradamente hasta entonces ante las peticiones del acusado de mantener relaciones sexuales, que no iba a pasar nada entre ellos.
Tras reiniciar la marcha, el acusado dirigió el vehículo hasta la zona de Otero, donde estacionó en una calle cortada próxima a la Ronda Sur. Allí, él le volvió a insistir en la posibilidad de mantener relaciones y, mientras ella le repetía que no quería y le apartaba cuando la tocaba, se cambió de asiento del conductor al del copiloto, al tiempo que trataba de besarla en el cuello y en la boca.
La mujer opuso resistencia, momento en que el acusado le bajó el pantalón y la ropa interior, hasta que ella, empujándolo, logró salir del coche.
Una vez fuera del vehículo, el acusado la siguió, diciéndole que le perdonase, que se había confundido y que no volvería a pasar, que se subiera y que la llevaría a su casa. Ella le creyó, aunque al subir de nuevo al vehículo, el acusado volvió a repetir su conducta.La mujer, tras forcejear con el acusado, logró salir del coche, llorando y medio desnuda, momento en que fue vista por unos peatones.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 2 años. El Ministerio Fiscal solicita además que la acusada abone las costas procesales y que pague a la víctima una indemnización de 1.000 euros.
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