Según ha informado la Diputación foral de Álava, su personación en el

procedimiento judicial abierto sobre los hechos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria se produjo en cumplimiento de la moción aprobada por las Juntas Generales de Álava el 27 de abril de 2016.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria acordó el sobreseimiento por la prescripción los delitos perseguidos. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, desestimados ambos.

Ahora, a la vista del informe emitido por el servicio de asesoría jurídica, el consejo de gobierno foral ha estimado oportuno la presentación del correspondiente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la "vulneración por dicha resolución judicial del derecho fundamental del artículo 24.1 de la Constitución española".

Este artículo establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.