Lo ha explicado en declaraciones a los medios, José Ángel Gayol, portavoz del Observatoriu Ciudadanu contra la Corrupción, OCAN, personado como acusación particular en la causa que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación del sindicato.

Según Gayol, se trataría de de 1,2 millones de euros que le harían falta a la cooperativa de UGT "para tapar un importante agujero económico". Esta cifra podría haberse desviado desde los fondos de las subvenciones en materia de formación.

Gayol ha criticado "la desfachatez y la impunidad con la que determinados representantes sindicales desempeñaron sus funciones durante un tiempo". También le preocupa que "desde la Consejería de Vivienda no se hubiera actuado con mayor diligencia", porque "esta omisión podría haber supuesto un grave quebranto a la Hacienda pública".

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