El acuerdo, en el que se ha venido trabajando intensamente durante los últimos meses, servirá para aminorar costes derivados de la formalización de préstamos y créditos suscritos por empresas con entidades financieras, siempre que tengan domicilio fiscal o centro de trabajo en la provincia soriana.

Las pymes, autónomos y emprendedores que podrán beneficiarse de este convenio deberán contar con proyectos inversores que hayan requerido un préstamo o crédito de al menos 50.000 euros. La bonificación de la Diputación sirve para abonar los intereses satisfechos por el empresario durante los tres primeros años de vida del préstamo o crédito y para hacer frente al 50 por ciento por ciento del importe económico que represente la comisión de aval.

Las bonificaciones de tipo de interés podrán llegar al 2,5 por ciento para empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades de más de 20.000 habitantes; al 3 por ciento en municipios de más de 1.000 habitantes; y al 3,5 por ciento en localidades que no alcancen ese volumen de población.

En concreto, la ayuda que aporta la institución provincial equivale a la rebaja porcentual del tipo de interés anual y contempla diferentes grados en función del tamaño de la localidad en la que se sitúa la empresa beneficiaria. Un porcentaje que se incrementa en un 0,1 por ciento por trabajador contratado, que se eleva al 0,2 por ciento si se trata de mujeres y jóvenes menores de 35 años.

El importe máximo de ayuda podrá alcanzar los 60.000 euros anuales durante cada uno de los tres años de periodo subvencionable en localidades de menos de 20.000 habitantes, mientras que podrá ser de hasta 40.000 euros, en las que superen ese nivel en su censo poblacional.

El periodo de formalización de la operación de préstamo o crédito está comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2017, de manera que tiene carácter retroactivo, ya que se permitirá concurrir a este proceso a inversiones realizadas desde principios de este año.Esta ayuda es incompatible con el resto de las que convoca la Diputación, pero sí con otras subvenciones que plantean entidades e instituciones públicas, siempre que no se supere el límite de 200.000 euros en el plazo de tres años.