La Audiencia Provincial de Sevilla ha suspendido el ingreso en prisión del funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos condenado a cuatro años de cárcel por desfalcar 186.551,89 euros de las arcas municipales tras apropiarse supuestamente de los tributos y tasas abonados por los contribuyentes.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia acepta de este modo la petición realizada por el abogado del funcionario para que suspendiera la ejecución de la pena de prisión mientras se resuelve su petición de indulto al Gobierno central.

El tribunal recuerda que el artículo 4.4 del Código Penal prevé la posibilidad de suspender la ejecución de la pena cuando medie petición de indulto a fin de que, en caso de ser concedido, su finalidad "no resulte ilusoria", una facultad "ciertamente excepcional, por cuanto la regla general es que las sentencias se ejecuten de inmediato una vez declarada su firmeza".

Al hilo de ello, la Audiencia manifiesta que, en este caso, "concurre la necesaria excepcionalidad para acoger" la petición realizada por la defensa, "atendiendo fundamentalmente a la extensión de la pena impuesta (cuatro años de prisión) y las circunstancias personales del acusado (sin más antecedentes penales que la presente condena)".

No obstante, y "para no demorar en exceso el eventual cumplimiento de la condena", la Audiencia establece que la suspensión no supere el plazo de un año, de manera que, "transcurrido el mismo sin que se haya resuelto el expediente de indulto, se ejecutará la pena impuesta sin mayor dilación".

El juicio con jurado popular contra el funcionario, previsto para el pasado mes de marzo, no llegó a celebrarse después de que la Fiscalía, la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Castilblanco y el abogado del investigado llegaran a un acuerdo de conformidad por el que el encausado aceptó una condena de cuatro años de prisión.

CUATRO AÑOS DE CÁRCEL

Asimismo, y además de cuatro años de cárcel, el acusado, identificado como J.M.V.L., entregará dos bienes inmuebles para hacer frente al pago de una indemnización de 186.551,89 euros al Ayuntamiento.

Inicialmente, el Ministerio Público, representado por la fiscal jefe, María José Segarra, reclamaba para J.M.V.L., por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad documental, ocho años de prisión, 17 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 186.551,89 euros al Ayuntamiento.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, que el acusado es funcionario del Ayuntamiento desde 1977, ejerciendo funciones administrativas en el departamento de Administración, Atención al Ciudadano y Recaudación.

"A la vista de haberse observado irregularidades y desaparición de talonarios de pago de tasas y otros pagos al Ayuntamiento", el alcalde ordenó en enero de 2014 que se realizara una investigación interna tanto a la Tesorería como a la Intervención "a fin de aclarar la forma" en que se estaban realizando los pagos.

A finales de enero de ese año, se procedió a la apertura del armario de administración, cuyas llaves y control "correspondía" al imputado, encontrándose en su interior un total de 139 expedientes de los años 2000 a 2011, relativos a licencias de obras o acometidas de agua, cuyos importes, una vez cobrados, no se habían ingresado en las arcas municipales o bien se había ingresado una cantidad inferior.

Todo ello, según considera el Ministerio Público, "utilizando duplicados de las cartas de pago, atribuyéndoles a diversos contribuyentes el mismo número de carta de pago con distintas cantidades, incluso aparecen cartas de pago en blanco".

EL ACUSADO IMITÓ LA FIRMA DEL ALCALDE

La Fiscalía asevera que el importe total no ingresado por estos conceptos en el Ayuntamiento y relativo a estos 139 expedientes es de 114.744,45 euros, cantidad que el acusado "fue cobrando en efectivo e incorporando a su patrimonio, sin ingresarlo en la cuenta del Ayuntamiento".

Seguidamente, el Ministerio Público enumera uno por uno los expedientes en los que realizó tales conductas y "donde se comprueba que en unas ocasiones se apropió de la totalidad de los ingresos efectuados por los ciudadanos y en otros una cuantía del mismo".

Para obtener estas cantidades, el imputado, en algunos de los expedientes, "imitó la firma del alcalde haciéndose pasar por él, confeccionando incluso resoluciones inexistentes concediendo licencias de obras, consiguiendo de esta forma que algunos contribuyentes le abonaran el importe de la licencia de obras o de constitución de fianzas".

La Fiscalía apunta que, en todos esos casos, el entonces alcalde "no firmó ninguna de tales resoluciones, sino que las firmas las confeccionó" el acusado "o bien realizó una fotocomposición con la firma del alcalde para poder realizar los oportunos cobros que no ingresó en el Ayuntamiento o lo hizo por cuantía inferior".

MÁS EXPEDIENTES

La investigación del Ayuntamiento continuó con la búsqueda de documentación en la mesa y el lugar de trabajo del acusado y a través de la documentación entregada por algunos vecinos que se enteraron de la investigación en marcha, de manera que "se consiguieron encontrar y estudiar otros 116 expedientes, de los años 2009 a 2013, del mismo tipo de los del listado anterior de los 139, donde o no se ingresó cantidad alguna o la que se ingresó es muy inferior, utilizando en algunos casos cartas de pago duplicadas".

En este segundo listado de expedientes que la Fiscalía desgrana uno a uno, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar la cantidad de 71.807,44 euros que el acusado ha "incorporado a su patrimonio".

A consecuencia de esta actividad "continuada" del acusado a lo largo de los años indicados, "se ha causado un notable perjuicio a la Hacienda Municipal", que ha resultado perjudicada por una cuantía total de 186.551,89 euros "que ha dejado de percibir, debiendo incluso que abonar a los ciudadanos afectados que han presentado los justificantes de pago, fianzas no percibidas en las arcas municipales".