La investigación se inició cuando, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil fue alertado por la Jefatura Provincial de Tráfico de ciertas anomalías detectadas en distintos documentos oficiales, presentados por una gestoría administrativa sita en Murcia.

En los impresos, destinados a la tramitación patrimonial y de liquidación de impuestos de vehículos, aparecían sellos, supuestamente falsificados, que se correspondían con el de una entidad bancaria, según informan fuentes de la Benemérita.

CERCA DE 200 DOCUMENTOS FALSIFICADOS

La Guardia Civil examinó los documentos presentados ante la Jefatura Provincial de Tráfico, necesarios e indispensables para la realización de los trámites de matriculación de vehículos nuevos y de cambio de titularidad en vehículos usados, y detectó la estampación del sello falsificado en 199 de los impresos, presentados por la gestoría investigada durante el primer semestre de 2016.

La investigación desarrollada ha permitido constatar que un empleado de la mercantil, cuyos servicios eran requeridos por particulares y empresas del sector del automóvil, cobró a los clientes las cantidades exigidas para la tramitación de los expedientes y, presuntamente, confeccionó los documentos con la estampación del sello bancario falsificado.

Más tarde, sin haber liquidado las tasas ante los organismos correspondientes, presentó la documentación falsificada ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, según explican las mismas fuentes en comunicado de prensa.

Se estima que estas prácticas delictivas han causado un perjuicio económico tanto a los organismos públicos afectados -con un valor que rondaría los 20.000 euros-, como a los clientes de la gestoría que, ajenos al fraude, creían haber satisfecho los impuestos ante la Administración y han tenido que abonar, de nuevo el importe de las autoliquidaciones para regularizar la situación de sus vehículos.

Durante la investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de más de 50 entidades públicas, entre las que se encuentran Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Consejerías de Comunidades Autónomas de todo el territorio nacional.

La operación ha culminado con una persona detenida, varón, de 28 años, de nacionalidad española y vecina de Murcia, empleada de la gestoría administrativa y con la investigación de otra persona -varón, de 70 años y vecino de Murcia-, titular de la mercantil, como presuntas autoras de los delitos continuados de falsedad documental y estafa.

Los arrestados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia.