Según ha informado el ICAHuelva en una nota de prensa, esta jornada de puertas abiertas es una de las actividades programadas para conmemorar el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, entre las que también se encuentra la izada de la bandera de la asistencia gratuita, realizada por el decano, Juan José Domínguez.

Domínguez ha informado de que el ICAHuelva lleva tramitados en lo que va de año un total de 8.983 expedientes de Justicia Gratuita en sus tres vertientes (Turno de Oficio, Asistencia Letrada y Violencia de Género), lo que supone un 30 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y en los que han participado los más de 600 abogados onubenses adscritos a este servicio.

El Colegio de Abogados de Huelva se ha sumado de esta forma a la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra para de reivindicar, defender y divulgar la labor realizada por los abogados adscritos al turno de oficio y que el Consejo General de la Abogacía promueve a nivel nacional.

En este sentido, Domínguez ha reclamado la "dignificación" y "mayores medios" para un servicio para el que el año pasado se destinaron en la provincia onubense 2,19 millones de euros, de los que 1,38 millones fueron para el Turno de Oficio; 436.000 euros, para la Asistencia Letrada; 44.000 euros, para Violencia de Género; y 325.000 euros, para gastos de infraestructuras.

Como ejemplo de la necesaria "dignificación", Domínguez ha explicado que la retribución media que recibe un abogado ronda los 135 euros por expediente (unos dos euros por hora de trabajo). Además, existe una "carencia importante" en la asignación de los abogados de guardia, ya que, según las estimaciones del ICAHuelva, serían necesarios 21 letrados al día para cubrir el servicio de manera satisfactoria en la provincia, cuando actualmente únicamente se cuentan con nueve y medio, por lo que ha reclamado a las Administraciones competentes "mayor voluntad política" para mejorar esta situación.

JUZGADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En esta línea, el responsable del Turno de Oficio de Violencia de Género del ICAHuelva, Ramiro Guinea, ha asegurado que las limitaciones impuestas por la Junta de Andalucía han obligado al Colegio a tener que retirar el letrado asignado a ese juzgado, por lo que ha exigido al Gobierno andaluz que se tomen las medidas oportunas para revertir la situación.

Así, ha recordado que el ICAHuelva lleva años denunciado que Huelva es una única capital de provincia de España "que no cuenta con un abogado de oficio diario para asistencia a las víctimas de violencia de género", un problema que antes el Colegio solventaba "con muy buena voluntad y por nuestra especial sensibilidad con este drama, pero que ahora nos es totalmente imposible" con las nuevas ratios impuestas por la Junta.

En este sentido, el vicedecano del ICAHuelva, Fernando Vergel, ha dejado claro que la situación que se vive en el Juzgado de Violencia de Género "en absoluto es responsabilidad del Colegio", porque éste "organiza el servicio, pero siempre en función de las guardias que dispone la Junta, que las ha disminuido".

Juan José Domínguez, por su parte, ha vuelto a poner de manifiesto "el firme compromiso" de la Abogacía onubense por la Justicia Gratuita, "un servicio público esencial para la defensa de los derechos de los más desprotegidos, garantizando la efectividad de los principios constitucionales de libertad, igualdad y acceso a la justicia".

Tal y como recoge el manifiesto elaborado por el Consejo General de la Abogacía, el decano del ICAH ha reclamado un Pacto de Estado por la Justicia "en el que el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita sean tratados de forma rigurosa y realista", ya que "no es comprensible que los reconocimientos que en sede parlamentaria se hacen de estos servicios no sean seguidos de actuaciones efectivas".

De esta forma, Domínguez ha exigido "atención y compromiso de los poderes públicos para la mejora y dignificación de la Justicia Gratuita y de los profesionales que la prestan", así como una aclaración del marco normativo "para evitar la inseguridad jurídica y las desigualdades existentes, así como una mayor exigencia económica del Estado en esta materia, con niveles de inversión suficientes que garanticen la calidad del servicio y prestaciones dignas a los profesionales que lo atienden".

Además, la Abogacía reitera su oposición a cualquier iniciativa de privatización de la Justicia Gratuita, "siendo incompatible la naturaleza de este servicio público con la mercantilización de su prestación", ha dicho Domínguez, quien ha denunciado las situaciones de "inseguridad, marginación y exclusión de sectores de población necesitados de defensa y protección".