Este Decreto responde a la Proposición no de Ley, que a propuesta del PSOE, aprobó por unanimidad el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del pasado 25 de mayo y que instaba al Consejo de Gobierno a aprobar un protocolo con entidades sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar los derechos de las personas castellano-manchegas en situación de privación de libertad en centros penitenciarios extranjeros -35 personas actualmente- y que puedan cumplir sus penas en prisiones de España y de la región.

Dicho Decreto, que según recoge Europa Press entrará en vigor este miércoles, establece como gastos subvencionables la atención legal, apoyo económico y asistencia sanitaria y farmacéutica ante situaciones de enfermedad de estas personas.

Además esta fundación, tendrá que facilitar información a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de cuantos datos y casos tuviera conocimiento respecto a castellano-manchegos privados de libertad fuera de España o en situación de desamparo y abandono.

En virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, la entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en la mencionada Ley.