Según ha informado el Consistorio, en el apartado de conclusiones y propuesta, el Consejo Social señala diversas cuestiones, como que estas ordenanzas fiscales suponen una reducción ponderada del 0,25 por ciento con respecto a las de 2017, por lo que valora de forma positiva esa reducción del impacto fiscal en 2018 para la ciudadanía. De igual forma, estima positivo el aumento a 30.000 euros del importe de las deudas a las que no se exige garantía en caso de aplazamiento y fraccionamiento.

Igualmente ve de forma positiva que se haya atendido la petición del Consejo, expresada en el dictamen del año anterior, relativa a que se hayan establecido incentivos fiscales para los participantes en el Concurso de Patios (caso del IBI), reconociéndose así la aportación que esta parte de la población hace a la ciudad.

También va a ser asumida por Emacsa la propuesta contenida en un acuerdo del Pleno del Consejo Social, de julio de 2016 y trasladada al Ayuntamiento, sobre que se estudiara la bonificación en la factura del suministro de agua a las casas con patio que sostienen la fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad, como medida de fomento a la participación en esta seña de identidad cordobesa.

En el apartado de propuestas, el Consejo Social reitera que la renovación de las ordenanzas tiene que contribuir más a la cohesión social y al impulso de la actividad económica, incentivando el empleo y la creación y mantenimiento de empresas, sobre todo tras los datos de la

última encuesta de indicadores urbanos del INE que señala el Distrito Sur de la ciudad se sitúa en el puesto quinto de los barrios más empobrecidos del estado español.

En ese sentido se proponen incentivos fiscales y que se regulen con carácter diferenciado en una solo ordenanza todas las medidas

encaminadas a ese fin, con el objetivo de crear un instrumento más operativo.

Se reitera también la necesidad de establecer una política fiscal específica para el casco histórico, que contribuya al mantenimiento del mismo, y que el Consejo Social tome conocimiento, antes de su aprobación, de todas las tarifas por la prestación de servicios municipales.

En cuanto a la Ordenanza 306, Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, teniendo en cuenta las últimas sentencias judiciales, el Consejo recomienda que la Corporación adopte todos los medios a su alcance para evitar que se produzcan situaciones injustas, recordando que ya en dictámenes anteriores se alertaba de situaciones no deseables, a juicio del Consejo, que se producían en relación a este tributo.

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